La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por Romer Saucedo, de revisar los procesos judiciales contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari no es un simple trámite legal. Se trata de un hecho con profundo contenido político y estratégico, cargado de urgencia y necesidad histórica. Por primera vez en dos décadas, la justicia boliviana parece sacudirse de las cadenas del poder político que la utilizó como arma de persecución.
Áñez, Camacho y Pumari no son simplemente procesados, son rehenes de un régimen que utilizó a la justicia para perpetuarse, para enviar un mensaje de miedo y para doblegar cualquier intento de resistencia.
Que el Tribunal haya tomado esta decisión antes de la segunda vuelta electoral y antes de la posesión del nuevo gobierno es un gesto de soberanía institucional y, al mismo tiempo, un acto de valentía. La revisión de estos casos no podía esperar. Había que cortar el cordón umbilical que une a la justicia con el poder político antes de que otro lo vuelva a amarrar.
La decisión del TSJ también es política. Ocurre en un momento en el que el mapa electoral ha quedado abierto tras la primera vuelta. El discurso de Rodrigo Paz y de su polémico vicepresidente, Edman Lara, se ha ido desfigurando: de promesas de renovación pasaron a la confrontación, la amenaza y las viejas mañas del masismo. El escenario exige definiciones, y esta revisión judicial pone a prueba a todos los candidatos. ¿Quién respalda la independencia judicial? ¿Quién teme a la liberación de quienes fueron convertidos en símbolos de resistencia? La ciudadanía merece conocerlo antes de votar.
El fallo del TSJ puede convertirse en un catalizador que desenmascare a más de un “lobo disfrazado de oveja”. Muchos políticos se presentan como adalides del cambio, pero callan o se incomodan frente a un acto de justicia que devuelve la libertad a líderes injustamente perseguidos. El silencio, en este contexto, también es complicidad.
Bolivia ha vivido bajo el peso de una justicia masista que encarceló, persiguió y hasta dejó morir a opositores con tal de sostener un relato de impunidad. Esa justicia debe llegar a su fin. Y ese fin no se decreta con discursos, sino con acciones concretas: revisión de todas las sentencias viciadas, liberación de los presos políticos, sanción a quienes manipularon los tribunales y reparación moral a las víctimas del abuso judicial.
Estamos frente a un momento bisagra. No se trata únicamente de la suerte de Áñez, Camacho o Pumari, sino del rumbo institucional del país. O permitimos que la justicia siga siendo la herramienta del poder de turno, o damos el paso hacia un sistema judicial independiente que garantice derechos, sin importar quién gobierne.
El fin de la justicia masista no es solo una consigna: es una necesidad suprema para reconstruir Bolivia. La reconciliación no vendrá de pactos políticos ni de discursos electorales, sino de la certeza de que nunca más se usará a los jueces como verdugos del pueblo.
