La Dirección General de Régimen Penitenciario negó este martes las acusaciones realizadas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respecto a supuestos cortes de agua y represalias durante su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.
“Las afirmaciones realizadas por el ciudadano Luis Fernando Camacho sobre supuestos cortes de agua y represalias durante su estancia en el Centro Penitenciario de Chonchocoro carecen de fundamento”, dice el pronunciamiento.
Régimen Penitenciario aclaró que, durante su detención, organismos internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), realizaron visitas al Centro Penitenciario de Chonchocoro.
Además, dice la nota, “instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo llevaron a cabo visitas regulares a los recintos penitenciarios y no han emitido ningún informe ni registrado quejas formales que respalden las afirmaciones sobre interrupciones en los servicios básicos o tratos diferenciados”.
El pronunciamiento señala que el suministro de agua y los servicios básicos se gestionan de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones ni tratos diferenciados.
El gobernador cruceño denunció presuntas “torturas blandas” durante sus casi tres años de reclusión y aseguró que le cortaron el agua por cinco días, limitaron su salida para tomar sol y restringieron su alimentación, lo que habría provocado pérdida de peso.
En el comunicado, la Dirección General resaltó la importancia de informar a la población para “preservar la verdad, proteger la institucionalidad y cumplir con los compromisos irrenunciables en defensa de los derechos humanos”.
Régimen Penitenciario “condenó la utilización política de su gestión y ratificó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se realizan conforme a la normativa legal vigente y con respeto absoluto a los derechos humanos”.
