Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano insiste en una propuesta que, lejos de resolver un problema, amenaza con profundizarlo: legalizar los llamados autos chutos. Su idea despertó la inmediata reacción de un senador chileno, quien advirtió que semejante medida puede incentivar aún más el robo de vehículos en su país. La respuesta de Paz no pudo ser más cínica: lo invitó a visitar Bolivia, como si los chilenos no supieran ya de sobra lo que ocurre en este lado de la frontera.
Si hay alguien que conoce a fondo cómo funcionan las mafias bolivianas vinculadas al robo de autos, esos son los chilenos. Ellos no necesitan que un político los lleve de la mano para mostrarles la realidad. La viven a diario. Saben que policías bolivianos han sido detenidos por narcotráfico, que funcionarios de gobierno han estado involucrados en contrabando, que hay comunidades enteras en el altiplano y en los llanos dedicadas a la recepción y despiece de vehículos robados. Saben, también, que muchas de esas bandas operan con protección policial.
Los chilenos conocen que en el congreso funcionaba una “bancada de los chutos”, integrada por legisladores que defendían abiertamente la legalización del contrabando. Conocen que un vehículo robado llegó a estar en manos del propio Ministerio de Gobierno, hecho que ilustra hasta qué punto las instituciones han sido permeadas por estas mafias. Y, más grave aún, conocen las historias de ciudadanos chilenos que han cruzado a Bolivia para intentar recuperar sus vehículos, enfrentándose a verdaderos ejércitos de delincuentes en San Julián, Yapacaní y otras zonas donde rige la leyes de las mafias y donde los policías y militares terminan arrodillados.
Todos saben que Bolivia está perforada por el crimen. Y en lugar de enfrentarlo, la propuesta de Paz busca institucionalizarlo. Legalizar un delito no lo borra, lo normaliza. Decir que se regulará el ingreso de autos ilegales es, en los hechos, mandar el mensaje de que el robo de vehículos en países vecinos tiene un mercado garantizado en Bolivia.
Lo más indignante es que, en vez de discutir una política seria de reducción de aranceles para la importación de vehículos nuevos o usados de manera legal, se recurre a la salida fácil de avalar la ilegalidad. ¿Por qué no se propone bajar los aranceles y permitir el acceso formal a autos asequibles para las familias? La respuesta es clara: porque el contrabando mueve dinero, financia redes clientelares y sostiene a un sistema político que necesita del desorden para sobrevivir.
Los autos chutos no son un problema aislado. Están vinculados al contrabando de combustible, al narcotráfico, al lavado de dinero y a una economía informal que erosiona cualquier intento de institucionalidad. Cada vez que un político ofrece legalizar lo ilegal, en realidad está rindiéndose ante las mafias. Y lo hace, además, con un discurso hipócrita, disfrazando la claudicación como una solución pragmática.
Rodrigo Paz no propone nada nuevo. Su idea es la reedición de viejas recetas que solo perpetúan la ilegalidad. Y, lo peor, lo hace en nombre de los pobres, cuando en realidad lo único que consigue es mantener a Bolivia como el destino final de autos robados en Chile, Argentina o Brasil.
