La bancada de Comunidad Autonómica (C-A), junto a vecinos y representantes cívicos, instaló una vigilia en el Concejo Municipal cruceño para “defender la institucionalidad” de la entidad legislativa.
Entre carpas, banderas y consignas, el concejal José Alberti aseguró que la intención de la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) es “desesperada”: busca aprobar un crédito público de más de 200 millones de bolivianos antes de concluir la gestión. “Johnny Fernández ha introducido una solicitud de aprobación de crédito público de unos Bs 200 millones para que el Concejo apruebe esa ley. Ese es el fondo, y por eso necesitan controlar la presidencia”, señaló Alberti, quien se mantiene como presidente en ejercicio de la directiva que la oposición defiende como legítima.
Los opositores afirman que la elección de Gabriela Garzón y Miguel Fernández como presidenta y secretario del Concejo, realizada el pasado viernes con el respaldo de UCS y el MAS, carece de legalidad.
Según Alberti, la sesión fue “ilegal” y responde al interés de facilitar créditos cuestionados.
“Santa Cruz, se respeta carajo”, gritaban vecinos que acompañan la medida en las puertas del edificio edil.
El Comité Pro Santa Cruz también expresó respaldo mediante un comunicado en el que rechazó la conformación de una nueva directiva, a la que calificó de “ilegal”. “Rechazamos categóricamente cualquier intento de conformar una directiva ilegal en el Concejo Municipal y exigimos la inmediata restitución del orden democrático y el funcionamiento normal de la directiva legítima”, señala el documento cívico, que además advierte que no se permitirá más abusos y que se asumirán medidas escalonadas en defensa de la autonomía.
Mientras tanto, desde UCS, la concejal Garzón afirmó que su elección se realizó en apego al reglamento interno del Concejo, que otorga al pleno la facultad de decidir por mayoría simple.
El alcalde Jhonny Fernández, por su parte, expresó su preocupación porque hasta ahora no se trató el POA 2026 y advirtió que, de ser necesario, enviará el documento directamente al Ministerio de Economía mediante decreto edil.
