El patrimonio del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), como las principales fuentes de financiamiento para el pago de la Renta Dignidad, disminuyó (2019-2024), por lo que expertos advierten la insostenibilidad financiera para aumentar el monto del beneficio a corto plazo, ya que esto generaría un mayor déficit fiscal para el Tesoro General de la Nación (TGN).
El candidato a la Vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, propuso subir esa renta mensual de 350 a dos mil bolivianos, aunque tras varias críticas dijo que subiría primero a 500, una vez que llegue al G0bierno. El domingo, José Gabriel Espinoza, actual miembro del equipo económico del candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, binomio de Lara, descartó este incremento del beneficio en el corto plazo, porque primero se debe estabilizar la economía.
Para la realización de esta nota, Visión 360 envió un cuestionario a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo el viernes 29 de agosto, pero no recibió respuesta.
Entre las consultas que se hizo a la Gestora, está el detalle de la forma en que se financian los pagos del beneficio, la sostenibilidad financiera hacia el futuro, si consideran que se necesita realizar nuevos estudios o buscar nuevas fuentes de financiamiento.
El patrimonio del FRUV, al 31 de diciembre de 2024, cerró con 932.405.606,72 bolivianos, según la Memoria Institucional 2024 de la Gestora, publicada el 26 de junio de este año. El monto es superior a los 631.949.187,76 bolivianos de 2023.
Sin embargo, en 2019 el patrimonio ascendía a 5.687 millones de bolivianos; en 2020 comenzó a disminuir a 3.856,4; en 2021, a 1.307,9, y en 2022 llegó a 257,9 millones.
El patrimonio del FRUV está conformado por desembolsos del TGN provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), rendimientos de empresas capitalizadas, recursos de empresas del Estado, recursos por la venta de servicios de Entel, de la Autoridad de Regulación en Transportes y Telecomunicaciones (ATT).
Para la gestión 2024, conforme a la Ley 1493 de 2022, se dispuso que las empresas eléctricas del Sistema Interconectado Nacional de transmisión deben transferir mensualmente al TGN, para el financiamiento del FRUV, el 5% de los recursos percibidos por la venta de sus servicios de transmisión.
La Renta Dignidad se financia con el 30% del IDH que perciben gobernaciones, alcaldías, TGN y Fondo Indígena, dividendos de empresas capitalizadas; 10% de los ingresos de Entel; 4% de lo recaudado por la ATT; 5% de los ingresos de empresas eléctricas por servicios de transmisión.
