Lo que comenzó como un problema coyuntural se ha convertido en un desquicio que paraliza al aparato productivo, al transporte en principio y, en definitiva, a toda la economía nacional. El país sobrevive en un estado de colapso controlado, donde cada litro de combustible se ha vuelto oro líquido y donde productores, transportistas y ciudadanos viven al ritmo de filas interminables, especulación y mercado negro.
El caso Botrading, con sus contratos fantasmas, sobreprecios y daño económico millonario, es apenas el síntoma más visible de un sistema corroído por la corrupción y la improvisación. El informe legislativo calculó un perjuicio de más de 350 millones de dólares, dinero que pudo haber asegurado meses de abastecimiento regular. En vez de eso, los bolivianos hoy pagan hasta 15 bolivianos por litro de diésel en el mercado clandestino. Mientras tanto, las cisternas se desvían con protección militar y los productores hacen filas durante semanas para conseguir un suministro que nunca llega.
Lo más grave es que este caos no tiene fecha cercana de resolución. Entre hoy y el 8 de noviembre, cuando asuma el nuevo gobierno, se extiende un desierto de incertidumbre. Dos meses pueden parecer poco en el calendario político, pero para la economía real, para el campo que necesita cosechar, para el transporte que debe movilizar alimentos y minerales, para la industria que depende del combustible, será una eternidad.
Importamos casi el 90% del diésel necesario, dependencia nos vuelve rehenes de un mercado externo al que ya no podemos acceder con facilidad porque no hay dólares suficientes y los contratos se han vuelto más caros y riesgosos.
Los candidatos presidenciales cargan una responsabilidad histórica. No solo porque uno de ellos deberá tomar las riendas el 8 de noviembre, sino porque en campaña tienen la obligación de decirle la verdad a la gente. Sin embargo, lo que reina es el silencio cómplice: nadie se atreve a explicar que mantener la subvención es insostenible, que el contrabando se lleva cientos de millones, que la liberación de importaciones privadas es inevitable, que habrá que sincerar precios o buscar alternativas inmediatas para evitar un colapso mayor. Prefieren hablar de abstracciones, de promesas vagas, antes que mirar a los ojos al electorado y decirle lo que se necesita escuchar.
La transición política se ha convertido en un limbo económico. El gobierno de Luis Arce ya se dio por vencido: admite que no tiene dólares para importar combustible y que solo puede aplicar parches de emergencia. Pero no hay estrategia de fondo, no hay plan que garantice el suministro mínimo para sectores productivos clave. Los productores agropecuarios advierten que las cosechas de arroz, girasol y caña están en riesgo. Los transportistas anuncian bloqueos. Las industrias recortan turnos. La economía se va apagando lentamente mientras esperamos que llegue noviembre.
El pandemonium del diésel es la metáfora perfecta de un Estado que improvisa, que niega los problemas hasta que explotan y que delega las soluciones al futuro. La pregunta es si, para cuando llegue noviembre, todavía habrá algo que rescatar.
