De ser el ministro elogiado por la bonanza económica boliviana a un presidente lastrado por la crisis, Luis Alberto Arce Catacora se apresta a dejar el poder en menos de dos meses con su popularidad por los suelos y con el asedio judicial que empieza a cernirse sobre él y su familia.
En las últimas horas, el Fiscal General, Róger Mariaca Montenegro, confirmó el inicio de una investigación contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del presidente, quien fue acusado por su pareja por violencia familiar o doméstica al causarle lesiones físicas.
Sobre Rafael Arce Mosqueira, otro hijo del mandatario, ya hay una investigación abierta por la compra del predio Adán y Eva en el municipio de El Torno, adquirido con préstamos bancarios millonarios.
El proceso es impulsado por el diputado “evista” Héctor Arce Rodríguez, quien este viernes presentó otra querella contra Rafael Arce Mosqueria por la presunta compra de un departamento en La Paz, valuado en $us 499.000. Con la adquisición de dos bauleras y dos estacionamientos el monto total se eleva a $us 755.000.
“Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”, escribió Luis Arce este sábado en sus redes sociales al respecto.
El propio mandatario afronta una denuncia por supuesto abandono de mujer embarazada. La querellante es Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), quien asegura que tuvo un hijo con Luis Arce y le exige una pensión de Bs 7.000. La Fiscalía ya abrió una investigación formal sobre el tema.
El pasado 21 de agosto pasado, en un encuentro con periodistas, el presidente remarcó que tras dejar el poder el próximo 8 de noviembre él y su familia se quedarán en el país. "¿Por qué me voy a ir del país? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿He robado? ¿He matado? ¿He abusado de menores de edad? ¿Por qué tendría que hacerlo?”, remarcó entonces.
Desde el propio Movimiento Al Socialismo (MAS) ya surgieron voces de que se arraigue al mandatario y sus hijos para evitar su salida del país. El diputado oficialista Rolando Cuéllar pidió mediante un escrito ante la Fiscalía General del Estado que se inicie un juicio de responsabilidades contra Arce por presunta corrupción en la importación de combustibles.
Sobre el tema hay una investigación en marcha, que por el momento no incluye al presidente, pero por el que hay un primer aprehendido, el exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz Taca. El Ministerio Público tomó la decisión luego de que el exfuncionario se presentó a declarar por el caso Botrading, referido a la intermediaria creada por la petrolera estatal para importar combustibles.
Opositores denuncian que las compras se han hecho con sobreprecio con un presunto daño al Estado de $us 355 millones.
Ante este complicado panorama, Arce no tiene ni siquiera el apoyo popular o la movilización de la calle como armas de defensa. El viernes, un grupo de pobladores lanzó huevos y otros objetos a la caravana presidencial tras un acto en el municipio cruceño de Pampagrande.
