El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, negó este miércoles interferencia en las elecciones judiciales con su pedido de dimisión de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC). Considera incluso que se puede ordenar la aprehensión de dichos magistrados ya que considera que están cometiendo delitos en flagrancia.
“Estamos a la espera que el Ministerio Público admita la denuncia, si se admite, lo que corresponde es que sean citados, o inclusive se puede ordenar su aprehensión toda vez que están cometiendo delitos en flagrancia”, dijo Saucedo a la red Unitel.
Enfatizó que los prorrogados están desconociendo la voluntad del pueblo y ejerciendo de manera inconstitucional sus cargos. El martes, Saucedo presentó una demanda formal en la Fiscalía de Sucre aduciendo que el mandato constitucional es de seis años y los prorrogados debieron dejar sus cargos el 31 de diciembre de 2023.
Saucedo remarcó que sus acciones no interfieren en las elecciones generales y destacó el compromiso que asumieron jueces y fiscales de no afectar el proceso. “Nosotros en todo momento hemos garantizado y prueba de ello es que ningún juez, ningún vocal, ha interferido en el desarrollo del calendario electoral y lo vamos a seguir haciendo porque queremos una transición ordenada”, explicó Saucedo.
Tras el ultimátum de Saucedo y su demanda ante el Ministerio Público, el TCP emitió un comunicado leído por su presidente Gonzalo Hurtado, que es uno de los prorrogados, en el que denuncia un intento de descabezar a la institución y una persecución judicial.
“Hay acciones concretas, tanto de ciertos legisladores, como del Órgano Judicial que, procurando el descabezamiento de este Tribunal Constitucional, buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y con ello amenazar la democracia y la segunda vuelta electoral”, señalaron los magistrados del TCP en su pronunciamiento difundido el martes por la noche.
Junto a Hurtado están denunciados el decano René Yván Espada y los magistrados Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. Saucedo tipificó dos delitos en su demanda: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y Usurpación de funciones.
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) un delito flagrante es aquel “que se está ejecutando actualmente” y es “de tal evidencia que no necesita pruebas”.
