La Cámara de Senadores aprobó este miércoles la Ley de diferimiento de créditos bancarios y suspensión de embargos y remitió el documento al Ejecutivo para su promulgación.
“La Cámara de Senadores sanciona el Proyecto de Ley 547 de 2024-2025 C.D., ‘Ley excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos, otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña’ y lo remite al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación”, informó el ente legislativo a través de sus redes sociales.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de septiembre.
La propuesta plantea que, por el plazo de seis meses computables a partir de la publicación de la ley, se suspenden los embargos, remates, desapoderamientos y ejecuciones de sentencias y otras medidas judiciales vinculadas a estos créditos.
Además, establece que cualquier actuación contraria es “nula de pleno derecho”.
A comienzos de septiembre, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) había expresado su desacuerdo con el proyecto de ley aduciendo que comprometía la estabilidad del sistema financiero y no resolvía los problemas de la población.
“Una medida como esta comprometería la estabilidad del sistema financiero, cuya función esencial es canalizar, con responsabilidad y criterios técnicos, los recursos de millones de ahorristas hacia actividades productivas y necesidades de las familias”, advirtió entonces Asoban al señalar que uno de los efectos sería la restricción de créditos para sectores vulnerables.
La entidad manifestó que sus asociados están en plena disposición de analizar cada caso de manera individual con el fin de buscar soluciones responsables y sostenibles.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) también había pedido al Senado rechazar del proyecto de ley al advertir que agravaría la crisis económica en lugar de aliviarla. Consideró además que supondría un intervencionismo del Estado, al ser una medida impuesta sin el consenso de los sectores involucrados.
