En el mes de octubre han sucedido hechos políticos transcendentales para el pueblo boliviano: el 10 de octubre de 1982 se restableció el sistema democrático y las libertades públicas; el 17 de octubre de 2003 renunció “Goni” Sánchez de Lozada y culminaba un ciclo político; entre octubre-noviembre 2019 ocurrieron las históricas protestas ciudadanas, que hicieron renunciar y huir al todopoderoso Evo Morales y Álvaro García Linera. La ciudadanía igualmente exigió y consiguió no solo la realización del censo de población y vivienda, sino además la distribución de escaños y recursos el 2024, antes de las actuales elecciones.
La jornada de este domingo también será histórica porque tenemos que elegir a nuestros gobernantes en una inédita segunda vuelta o balotaje. El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual, secreto, libre y obligatorio. La estructura electoral tiene que organizar, administrar y ejecutar el proceso electoral, así como garantizar y cualificar el sistema democrático del pueblo boliviano. La democracia no se reduce sólo a la legitimidad de origen, ni se agota en la afirmación solemne de la soberanía popular, y cómo se accede al poder, sino que a esa legitimidad de origen se suma la legitimación de ejercicio porque la democracia es también una respuesta a la pregunta de “cómo” se gobierna no sólo de “quien” gobierna.
La Ley del régimen electoral establece que, durante el día de la elección, el Órgano Electoral asume el mando de la fuerza pública (FF.AA. y Policía Boliviana), desplegada para garantizar la seguridad en todos los recintos y tribunales electorales (arts. 148-152). La fuerza pública permanecerá acuartelada hasta que concluya el funcionamiento de las mesas de sufragio, con excepción de la policía para mantener el orden público. Y desde cuarenta y ocho (48) horas antes y hasta las doce (12) horas del día siguiente a los comicios, está prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento público o privado.
Las gobernaciones han prohibido: a) Portar armas de fuego, elementos punzo cortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas; b) Realizar actos, reuniones o espectáculos públicos; c) Traslado de electoras y electores de un recinto electoral a otro por cualquier medio de transporte; d) La circulación de vehículos motorizados, salvo los expresamente autorizados por la autoridad electoral competente; e) Desde las cero (0) horas hasta la conclusión de los comicios, se prohíbe cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a una candidatura o a alguna opción en procesos de referendo o revocatoria de mandato.
La Constitución establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, de manera individual o colectiva (arts. 26-28). Sin embargo, estos derechos se pueden suspender: 1) Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; 2) Por defraudación de recursos públicos; 3) Por traición a la patria, en todos los casos previa sentencia condenatoria ejecutoriada.
El artículo 23 de la convención americana consagra los derechos políticos: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegido en elecciones periódicamente y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) Tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
Sin embargo, el voto aún no está garantizado en su totalidad. Por ejemplo, la ciudadanía carece de documentos de identidad, no se hace la entrega del material electoral oportunamente ni se capacita a todos los jurados electorales. Tampoco existe el “voto electrónico”, incluso con anticipación a las elecciones y, lógicamente, sin necesidad de hacer cola ni tener que paralizar el país todo un día (así sea domingo). La revolución tecnológica tiene que ser la aliada estratégica. El desafío mayor es generar confianza, simplificar trámites y procedimientos, cubrir etapas claves con mayor seguridad, agilidad y posibilidades de control como el manejo del padrón electoral, la transmisión de los resultados y la interacción con los ciudadanos.
*Jurista y autor de varios libros
