Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija, expresó su preocupación por la continuidad del equipo fiscal que lleva adelante el caso contra el expresidente Evo Morales, acusado formalmente por el presunto delito de trata de personas con agravante. La exautoridad confía en que los fiscales que trabajaron más de un año en la investigación no sean removidos.
"Sé que el nuevo Fiscal Departamental (José Ernesto Mogro) debe rodearse de personas de su confianza, pero espero que no cambie a quienes han trabajado intensamente en este caso, que tiene connotación no solo nacional, sino también internacional", dijo Gutiérrez.
La acusación fue presentada el pasado lunes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, tras una investigación que comenzó en septiembre de 2024. El expediente contiene 18 cuerpos con pruebas documentales, periciales y testimoniales. El caso involucra también a Idelsa Pozo, madre de la presunta víctima.
"Presentamos la acusación y me llega el memorándum de agradecimiento. Inmediatamente lo firmé e hice todos los trámites administrativos. Quiero pensar que fue una coincidencia, pero me hubiera gustado continuar con el caso", declaró Gutiérrez en entrevista con Radio Fides, luego de cesar en sus funciones después de haber formalizado la acusación.
Según la exfiscal, la acusación se basa en indicios sólidos recogidos durante la etapa preliminar, donde no se requiere prueba plena.
"Nosotros hemos imputado a tres personas. Dos están rebeldes con mandamiento de aprehensión, y al padre de la menor se le dictó detención preventiva, aunque por cuestiones administrativas no fue trasladado fuera del penal”, explicó.
Gutiérrez insistió en la necesidad de que el proceso judicial avance hacia una audiencia de juicio oral, público y contradictorio. A la vez, lamentó las dificultades que enfrentó el equipo fiscal para investigar el caso, debido al perfil político de uno de los acusados.
"Sabemos a quién estamos investigando, pero la ley debe ser igual para todos”, afirmó.
La exfiscal también reveló que durante la tramitación del caso enfrentaron numerosas acciones legales."Nos han planteado un sinfín de incidentes, acciones de libertad, y recientemente una solicitud para que el caso no sea juzgado en la vía ordinaria, sino por la jurisdicción indígena originaria campesina”, relató.
En este contexto, reflexionó sobre el rol de los operadores de justicia en Bolivia y aseveró que de nada servirá cambiar leyes o reformar la Constitución si no se cambia de mentalidad.
Remarcó que la justicia se debe aplicar con la misma vara para todos, sin privilegios, sin importar si el acusado fue presidente o si es un ciudadano común.
La decisión sobre la apertura del juicio oral queda ahora en manos del juez que recibió la acusación, quien deberá remitirla al tribunal correspondiente para fijar la fecha de audiencia.
