A diferencia de lo que se escucha a diario, Bolivia no enfrenta una crisis energética, sino una crisis de hidrocarburos. De hecho, no hay apagones ni racionamiento de electricidad, aunque sí largas filas en los surtidores de carburantes.
Es verdad que dos tercios de la electricidad que consumimos se genera quemando gas natural pero, justamente por ello, deberíamos reducir nuestra dependencia del gas en la generación eléctrica y apostar más por las fuentes renovables, que Bolivia posee en abundancia.
Afortunadamente, el nuevo presidente, Rodrigo Paz, ha dado señales claras de que se avecina un cambio profundo en el país y, en particular, en el sector energético. Ello se debe al estado calamitoso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa pública más importante del país.
A veinte años de su refundación, nadie duda de que YPFB le falló al país. Se entregó a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) una hermosa doncella con una gran dote y mucha ambición, y se nos ha devuelto una anciana decrépita, manchada por la corrupción, opaca en sus quehaceres, víctima y cómplice de la injerencia política, obesa en personal, derrochadora de divisas y reservas de gas y endeudada hasta la médula.
¿Cómo pudo suceder esto? En dos décadas, YPFB ha tenido más de 14 presidentes, todos interinos, muchos denunciados y uno incluso condenado por corrupción. Además, según datos de la propia empresa, el déficit operativo de YPFB alcanzó los 174 millones de dólares en el primer trimestre de este año. La producción actual de gas se ha reducido a 26 millones de metros cúbicos por día y las reservas —según el presidente de YPFB— no superan los 3 TCF. En suma, estamos con el tanque “en reserva” y sin dinero.
¿Cuál es el remedio ante este colapso inminente? Aunque existe consenso sobre las medidas de ajuste (eliminar subsidios, modificar la Ley de Hidrocarburos y atraer capitales de riesgo para explorar), no hay acuerdo sobre cómo aplicarlas a YPFB, en el marco de la Constitución.
No faltan quienes, desde una visión nacionalista, defienden el modelo centralista y monopólico vigente. Proponen una reingeniería que unifique las subsidiarias bajo un mando único, confiando en una administración casi angelical de “profesionales competentes, patriotas, independientes del poder político, honestos y… solteros sin hijos”.
Otra propuesta plantea liberar a YPFB de las garras de la política sin reformar la Constitución. Sugiere convertir a YPFB o a sus subsidiarias en empresas mixtas (como formalmente ya lo son en su mayoría), transfiriendo la ejecución a socios privados —empresas petroleras serias— pero manteniendo la dirección en manos del Estado.
Otros consideran necesaria una nueva capitalización: una fuerte inyección de capital externo y tecnología de punta en asociación con YPFB, garantizando una gestión empresarial moderna.
Una opción adicional, a la que me adhiero, es transformar a YPFB, o a cada subsidiaria, en una sociedad por acciones que cotice en la Bolsa, incorporando un porcentaje de participación ciudadana y otro de inversión empresarial. Este es el modelo de Ecopetrol, que ha permitido a los ciudadanos colombianos beneficiarse de las ganancias y fiscalizar la gestión de la empresa estatal. Además, sintoniza mejor con la consigna del nuevo gobierno: “capitalismo para todos”.
Sin embargo, cambios en la gobernanza de YPFB y modificaciones normativas pueden incentivar la exploración, pero no garantizan el hallazgo de nuevos yacimientos de gas o petróleo, y mucho menos a corto plazo.
Por ello, es imprescindible impulsar una transición —o, si se prefiere, diversificación— energética que para Bolivia ya no es una opción, sino una necesidad.
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