Hace 20 años, Bolivia estaba a punto de exportar gas natural a Estados Unidos y México, Chile ofrecía un puerto en venta, seguía la exportación de petróleo, la conocían como la “Bolivia-saudí”, recibía las mayores inversiones extranjeras de su historia, sólo faltaba erradicar 7.000 hectáreas de cocales en Chapare…
Pero llegó el MAS y todo eso se destruyó, y el país comenzó a caminar para atrás, como el reloj que David Choquehuanca, con involuntaria honestidad, hizo instalar en el Parlamento.
Las inversiones petroleras fueron frenadas en seco con un gesto de propaganda que consistió en una “nacionalización” ficticia, un simple cambio de contratos, pero una apabullante prédica contra las empresas petroleras.
La empresa estatal, YPFB, tenía 1.300 empleados y el MAS le puso 7.000 más, una cantidad inversamente proporcional a la producción de crudo y de gas.
Los campos productores fueron sobreexplotados hasta reventarlos, lo que llevó no solamente a descartar el proyecto de exportación a Estados Unidos y México, sino a interrumpir, poco a poco, las exportaciones a Argentina y Brasil.
Los ingresos por las exportaciones de gas fueron destinados a proyectos industriales diseño y con sobreprecios de sus equipos, como el caso de la planta de urea de Bulo Bulo, que costó 956 millones de dólares cuando su cotización era de 400 millones.
Una auditoria externa tendría que revisar todas estas cifras y el Estado deberá enjuiciar a los ladrones, como ha hecho la justicia argentina con los Kirchner.
Los masistas pusieron en reversa al país y pisaron el acelerador hasta el fondo. No querían dejar muñeco con cabeza, y casi lo lograron.
Durante 180 años, después de varias guerras con los vecinos, se estaba forjando la nación boliviana, pero el plan destructor decidió que la república se llamaría “Estado plurinacional” porque estaba formado por tres docenas de “naciones”.
Todas las instituciones, una por una, fueron destruidas con una fuerte dosis de corrupción, pero sobre todo con el aporte de los masistas, que las infiltraron con una sobredosis de ignorancia.
Los cocales ilegales del Chapare fueron convertidos en legales y el Estado se puso al servicio de las exportaciones de droga, como el caso de Bulo Bulo, que debía exportar urea a Argentina y Brasil, pero se la instaló en el territorio de la droga, para facilitar el transporte camuflado.
Los cocales, que en 2008 eran 58.000 hectáreas, ahora son 130.000, con los parques nacionales invadidos.
Una auditoría debería comprender el diagnóstico de cómo fue corrompida la policía, las FFAA, la justicia, el periodismo.
El fin del MAS tiene que ser definitivo. Por eso han votado los bolivianos.
Siglo21bolivia.com