Los “autoprorrogados” del constitucional, que estuvieron al servicio de Evo Morales y Luis Arce (Gonzalo Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navía, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Brígida Celia Vargas Barañado, e Isidora Jiménez Castro), tienen los días contados y sólo faltaba saber cuál sería el camino (entre varias opciones) que tomará el flamante gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Estos usurpadores del poder cumplieron su mandato el 31 de diciembre de 2023, y tenían que haber cesado en sus funciones de ipso facto; sin embargo, ellos mismos resolvieron atornillarse bajo la fórmula de “la prórroga de mandato de las autoridades… en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades…”
Pero como las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024 fueron fraccionadas por determinación de los mismos “autoprorrogados”, ellos resolvieron mediante el ACP 0113/2024-0 de 11 de diciembre, ampliar su “prórroga de mandato de las autoridades en actual ejercicio en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional …” Y como no se puede garantizar la realización de las elecciones judiciales complementarias junto a las subnacionales de marzo de 2026, parecían decididos a quedarse en sus cargos y a meterle nomás… aunque tengan que cargarse al Estado Constitucional de Derecho.
La continuidad de los “autoprorrogados” no solo vulnera las garantías de independencia e imparcialidad, que proclama la Constitución y los convenios y pactos internacionales, sino que se convirtieron en verdaderos usurpadores de funciones y sus actos rayan en lo delincuencial. Con el aberrante auto constitucional 113/2024-O de 11 de diciembre, estos sujetos han cometido al menos los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, usurpación de funciones y prevaricato, previstos y sancionados en el código penal.
Toda esta aberración jurídica fue posible porque la cesante Asamblea Legislativa Plurinacional, arropada por el Órgano ejecutivo, generó las condiciones (objetivas y subjetivas) para que el constitucional se haya “autoprorrogado”, minado y torpedeado el Estado Constitucional de Derecho. Tampoco promovieron un juicio disciplinario (político) contra ellos, pese a contar con una mayoría de representantes y las pruebas suficientes. Muy por el contrario, se ocuparon de legalizar y proteger los abusos de los autoprorrogados.
La controvertida sentencia 0049/2023 de 11 de diciembre, tiene la particularidad de haberse inventado una pretensión que nadie la pidió. La decisión constitucional confirma que el gobierno de Luis Arce, había planificado que los conflictos políticos internos del MAS, tenían que haber sido resueltos por las autoridades prorrogadas en sus cargos. Y en tiempo récord, desconoció el congreso de Lauca Ñ, le quitó a Evo Morales la sigla política del MAS, lo inhabilitó y eliminó su liderazgo histórico, y su candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025. Luis Arce tampoco promulgó la ley que tenía que haber cesado a los “autoprorrogados”, sancionada por Andrónico Rodríguez, en su condición de presidente de la ALP.
El constitucional ha operado como un órgano de validación de los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce), al mismo tiempo que ejercía una supremacía sobre las otros Órganos del Estado. Lejos de ejercer un control independente (como guardián de la Constitución), se mostraba completamente subordinado a la voluntad presidencial. Las resoluciones del tribunal constitucional no solo erosionaron la independencia e imparcialidad judicial y la institucionalidad democrática sino también se encargó de generar y promover la corrupción. El TCP ha estado al servicio del poder político y no ha tenido reparados en recortar atribuciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional como la fiscalización y la potestad de censurar y destituir a los ministros del gobierno nacional. Un verdadero atentado contra el Estado Constitucional de Derecho y los valores democráticos.
El flamante gobierno nacional de Rodrigo Paz Pereira tiene que restituir la institucionalidad y la independencia e imparcialidad en el constitucional y debe comenzar echando a la calle a los “autoprorrogados”, antes que sea demasiado tarde. En cualquier caso, sería una pésima señal política que estos sujetos continúen al frente del tribunal no solo garante de los derechos y las libertades de los bolivianos sino también de los valores y principios republicanos.
*Jurista y autor de varios libros.
