Hay decisiones que, aunque duelan, son inevitables. Levantar los subsidios a los combustibles es una de ellas. Bolivia se ha acostumbrado a vivir bajo la ilusión del combustible barato, sostenido artificialmente por un Estado que durante años usó el populismo energético como herramienta de manipulación política. Esa fiesta terminó, el país está al borde del colapso: con riesgo de quedarnos sin gas para cocinar, con refinerías endeudadas, con YPFB prácticamente quebrada y con un déficit fiscal que se devora los recursos públicos como un barril sin fondo.
El nuevo gobierno hereda una bomba de tiempo. Los subsidios a los carburantes le cuestan al Estado más de Bs 11.000 millones anuales, una cifra equivalente al 3% del PIB y que supera con creces lo que se invierte en salud o educación.
El populismo energético del MAS se sostuvo sobre una mentira: que subsidiar era proteger a los pobres. En realidad, fue lo contrario. Los mayores beneficiados del subsidio fueron los contrabandistas, los transportistas y las redes de corrupción que se enriquecieron revendiendo el combustible en los países vecinos. Mientras tanto, el Estado se desangraba y los más pobres sufrían el efecto más cruel de esa política: una inflación silenciosa que erosiona su poder de compra y un sistema productivo que se paraliza por falta de energía.
Los bolivianos debemos asumir la realidad: el país no produce suficiente gas, los megacampos están agotados y los contratos de exportación con Argentina y Brasil ya no son rentables. Si no se toman medidas inmediatas, pronto nos quedaremos a oscuras.
Los subsidios fueron usados como herramienta electoral, no como política de desarrollo. En vez de atraer inversiones, el gobierno anterior las ahuyentó con discursos ideológicos y controles asfixiantes. Hoy, YPFB opera con una estructura sobredimensionada, miles de empleados improductivos y plantas como la de urea que funcionan a medias.
Levantar el subsidio será doloroso, pero seguir manteniéndolo es suicida. Ningún país puede sostener eternamente precios ficticios ni financiar con deuda una ilusión de estabilidad. Lo importante es cómo hacerlo: de forma ordenada, gradual y con un esquema que mitigue el impacto sobre los sectores más vulnerables.
La medida debe ir acompañada de una reforma estructural del sector energético: simplificar la maraña de decretos que distorsionan los precios, abrir el mercado a la inversión privada bajo reglas claras, diversificar la matriz eléctrica e incentivar la eficiencia energética. No se trata de abandonar a la población, sino de decirle la verdad: el subsidio no era un beneficio, era una trampa.
Bolivia necesita volver a producir, a explorar, a invertir. Pero eso solo será posible si dejamos atrás la demagogia. No hay desarrollo posible sin asumir costos, sin entender que el Estado no puede regalar lo que no tiene. Levantar los subsidios es una medida dolorosa, pero necesaria. Es el primer paso para recuperar la soberanía energética y la dignidad económica de un país que merece vivir de su trabajo, no de sus fantasías.
Levantar el subsidio será doloroso, pero seguir manteniéndolo es suicida. Ningún país puede sostener eternamente precios ficticios ni financiar con deuda una ilusión de estabilidad. Lo importante es cómo hacerlo: de forma ordenada, gradual y con un esquema que mitigue el impacto sobre los sectores más vulnerables.
