Desde que ganó la segunda vuelta, el presidente Rodrigo Paz ha sido generoso en palabras y promesas. Sus discursos —bien construidos, cargados de simbolismo y patriotismo— suenan fuertes, pero aún no se traducen en acciones que devuelvan al Estado el control real sobre el territorio. Y la pregunta que muchos se hacen es simple: ¿qué estamos esperando?
Paz ha pedido a las Fuerzas Armadas recuperar las regiones donde el Estado no tiene soberanía. Ha exigido que nadie esté por encima de la ley, que no existan “dueños” de la tierra ni de las regiones, y que todo boliviano pueda caminar libremente por el país. Todo eso suena bien, pero Evo Morales sigue atrincherado en el Chapare, protegido por narcos y cocaleros leales, mientras que la Policía no puede cumplir una orden de aprehensión.
El presidente también habló de no “socapar” a nadie. Dijo que llegó la hora de ejercer mando, de poner fin a los privilegios, de construir un país “digno y sometido a la ley”. El crimen organizado le lleva mucha delantera y es necesario actuar cuanto antes: 150 miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) operan en el 67% de la Amazonía boliviana; existen corredores criminales entre Beni, Santa Cruz y Cochabamba, infiltración policial, ejecuciones por encargo y narcotraficantes que actúan con absoluta impunidad. Las evidencias son abrumadoras.
Frente a ese panorama, el gradualismo no sirve. No se puede enfrentar al crimen con discursos pausados ni con anuncios semanales de “planes integrales”. El país necesita decisiones urgentes, visibles, y un golpe de autoridad que marque un quiebre con el pasado, porque como dice el refrán, “guerra anunciada no mata enemigos”.
Estados Unidos ha tendido la mano. Su subsecretario de Estado, Christopher Landau, declaró que su gobierno vería con buenos ojos el retorno de la DEA, expulsada hace 17 años. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar. Washington también alertó sobre la penetración iraní durante los gobiernos del MAS, los vínculos con grupos extremistas y la urgencia de transparentar esos pactos. ¿Qué esperamos para actuar? ¿Qué esperamos para asumir que la soberanía no se defiende con discursos sino con resultados?
Es cierto que Paz recién comienza su gestión y que ha heredado un Estado corroído por la corrupción y el miedo. Pero también es cierto que el tiempo político se acorta rápido cuando la gente no ve cambios. Los bolivianos no esperan milagros, esperan señales claras: presencia del Estado donde hoy hay silencio, castigo donde hay impunidad, acción donde sobran discursos.
El retorno de la DEA, la depuración policial, el control efectivo de fronteras y la recuperación de las zonas dominadas por el narcotráfico deben ser parte de un plan inmediato, no de una hoja de ruta futura. Si seguimos postergando decisiones, si seguimos en modo anuncio, el crimen organizado no solo controlará regiones, sino también instituciones.
Rodrigo Paz tiene el respaldo popular, la legitimidad y, sobre todo, la oportunidad histórica de poner fin a dos décadas de complicidad y debilidad estatal. Pero esa oportunidad no durará mucho. Ojalá pronto pasemos de los anuncios a los hechos, antes de que sea demasiado tarde.
