Del “Zuñigazo” al “Larazo”

Edman Lara ha cruzado un umbral que ningún servidor público puede tocar sin enfrentar consecuencias: el de la sedición y la conspiración abierta contra el orden constitucional. Su llamado público a las Fuerzas Armadas para que respalden su proyecto personal no es un exabrupto político ni una frase fuera de lugar; es un acto que encaja directamente en las figuras penales de seducción de tropas y sedición. Cuando un vicepresidente sugiere que puede “llegar más lejos” solo si los militares lo acompañan, está insinuando un quiebre institucional que la Constitución prohíbe expresamente. En este punto, la aplicación de la ley ya no es opcional: es obligatoria. Y si la justicia no actúa con la urgencia debida, al menos las Fuerzas Armadas y la Policía deben exigirle una aclaración inmediata y categórica, porque sus palabras vulneran su misión constitucional y ponen en riesgo la estabilidad del país. Lara ha sobrepasado los límites democráticos y ha ingresado en territorio penal. Cuando un vicepresidente convoca a las armas, el Estado no puede responder con silencio.