No se puede menos que festejar la eliminación de cuatro impuestos. En un país atrapado en un modelo agotado —dependiente del gas, de subsidios insostenibles y de un Estado hipertrofiado— dar un giro hacia la libertad económica es tan sensato como imprescindible. Y más aún en tiempos de crisis. Es precisamente cuando la economía está en su peor momento cuando más urgente es reducir la carga impositiva, liberar al sector privado y enviar señales claras de confianza para que vuelvan las inversiones, el empleo y el crecimiento.
El reciente anuncio va exactamente en esa dirección. La eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, del ITF, del impuesto al juego y del IPE es el primer golpe contra un régimen tributario que espantaba capitales, castigaba la producción y premiaba la especulación política. Esos impuestos aportaban menos del 1% de la recaudación, pero su daño era enorme, pues eran un freno a la inversión extranjera, desconfianza generalizada y un ambiente hostil para emprender.
El Impuesto a las Grandes Fortunas provocó la salida de más de 2.000 millones de dólares hacia el Paraguay y otros destinos. Ningún inversionista serio mantiene su capital donde lo persiguen por producir riqueza. Ese impuesto no protegió a nadie: empobreció a todos. Su eliminación corrige un error ideológico que le costó muy caro al país.
Obviamente, eso viene acompañado de una reducción del 30% del gasto fiscal, una señal que durante dos décadas nadie quiso dar. Un Estado quebrado, con déficit crónico y cada vez más incapaz de sostener sus compromisos, debe necesariamente achicarse. No es ideología: es aritmética. No se puede atraer inversión si el Estado absorbe todo el crédito interno, mantiene plantillas sobredimensionadas y gasta en política lo que debería destinarse a infraestructura, productividad y seguridad jurídica.
La reducción de impuestos —y ojalá pronto de muchos más— no es un “regalo” al sector privado. Es una estrategia racional: cuando se libera al productor, la base tributaria se amplía, aumenta la actividad económica, se dinamizan las exportaciones y el Estado recaudará más por volumen que por castigo. De eso se trata el crecimiento sano.
Si Bolivia quiere atraer inversiones reales debe avanzar más allá de esta primera medida. Es imprescindible eliminar o reformar todos los impuestos que afectan negativamente a la producción, a las exportaciones, a las utilidades reinvertidas y al capital productivo. Hay que simplificar el sistema, eliminar el efecto cascada de tributos como el IT, revisar la estructura del IUE, reducir cargas laborales que desincentivan la contratación y terminar con la maraña normativa que asfixia a cualquier emprendimiento formal.
El paquete anunciado por Paz es un gran acierto, pero apenas el comienzo. El país debe profundizar el camino: menos impuestos distorsivos, más libertad económica, reglas claras, gasto público responsable y un Estado que deje de ser un obstáculo para convertirse en un socio. Si Bolivia quiere salir de esta crisis histórica, no hay soluciones mágicas. Hay decisiones correctas. Y ésta, sin duda, es una de ellas.
El país debe profundizar el camino: menos impuestos distorsivos, más libertad económica, reglas claras, gasto público responsable y un Estado que deje de ser un obstáculo para convertirse en un socio. Si Bolivia quiere salir de esta crisis histórica, no hay soluciones mágicas. Hay decisiones correctas. Y esta, sin duda, es una de ellas.
