Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: «¿A quién buscan?» (Jn 18,4)
Esta es la segunda vez que toco este tema. La primera fue de manera anónima, publicada en El Día el 28 de diciembre de 2023, en “Miradas”, sin referencias bíblicas ni otras señales que podrían apuntar a mi persona, pues en ese entonces yo estaba en la “mirada” del “Estado Policial” por el escándalo provocado por un cura homosexual en San Matías. Poco antes, este había sido imputado por “violación en estado de inconsciencia”, caso todavía abierto, a pesar de que yo y su pareja hemos esclarecido la verdad de los hechos. En mi caso, fui sometido a un interrogatorio como “testigo” por casi seis horas el 8 de noviembre de 2023 y posteriormente su pareja por diez horas. En mi caso, en ningún momento me preguntaron lo más obvio: ¿dónde se encuentra el cura? Intentaron enredarme en contradicciones. Posteriormente, estos idiotas convocaron a la prensa y allanaron la residencia de las Hermanas Identes en Santa Cruz buscando al cura, seguros de que lo iban a encontrar allí.
“Dios hace fracasar los proyectos de los astutos para que no prospere el trabajo de sus manos. Sorprende a los astutos en su propia astucia y el plan de los malvados se deshace rápidamente.” (Job 5,12-13)
Les entregué el chat del sujeto que intentó extorsionarlo por los videos que filmó en su celular extraviado en un taxi, con el número que apuntaba a esta persona. Por supuesto, el blanco de la investigación policial siempre fui yo y no el cura gay, dimitido del estado clerical el primer día del mes de junio del año 2024 por la Santa Sede, a pedido del mismo presbítero, ya que la publicidad del caso y la difusión de los videos en las redes significaban que no podría recuperar la buena fama para ejercer el ministerio sacerdotal. Yo no quise ver este video, porque hay cosas que no se pueden borrar de la memoria.
Ahora quiero retomar el tema del Estado Policial, porque es algo pendiente en Bolivia y requiere una gran reforma. Escribo desde San Matías, donde, al venir para celebrar Confirmaciones y un Taller de Catequesis, me veo obligado a alojarme en un hotel porque tengo religiosas viviendo en la casa parroquial. Resulta que las últimas dos veces que vengo aquí, en horas de la madrugada, mi descanso fue interrumpido por policías que abusivamente obligan a los huéspedes a presentar su documentación. Este es un pueblo que, en las últimas dos décadas, ha sufrido, según los pobladores, unos 200 asesinatos por ajustes de cuentas entre narcotraficantes, abigeatistas y policías de Bolivia y Brasil, ninguno esclarecido por la policía y los fiscales, que viven en una fortaleza en las afueras del pueblo y que se dedican a extorsionar a la población en vez de protegerla de estos maleantes. Después del escándalo del cura, precintaron la parroquia y llevaron los equipos de las cámaras de seguridad, la computadora y el celular de la secretaria, haciendo vandalismo. No los han devuelto hasta ahora, a pesar de nuestros memoriales y esfuerzos; lo mismo con mi propio celular, “secuestrado” por estos ladrones, parte de la mafia que operaba en Bolivia protegida por el gobierno del Estado Policial masista, plasmado en la Constitución Política del Estado.
Citando mi anterior artículo “Estado Policial”, ya no anónimo:
“Un Estado Policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y, a menudo, mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados. Así, un Estado policial es inherentemente antidemocrático y es muy similar a la ley marcial.” (Wikipedia)
Aunque todavía no hay policía secreta en Bolivia, la Constitución Política del Estado define a las Fuerzas Armadas y a la Policía en el mismo capítulo (TÍTULO VII), ambas bajo el mando del presidente nacional, con las mismas características para defender el Estado y el orden público, pero no para proteger a los ciudadanos (artículos 244, 246, 251 y 252). Ambas instituciones están más al servicio del gobierno de turno que al servicio del pueblo, que ya no es el soberano.
Algunos signos del Estado Policial instalado en Bolivia son:
● Numerosos presos políticos con múltiples denuncias fabricadas en su contra.
● Gran abuso de la prisión preventiva con presunción de culpa y no de inocencia.
● Prepotencia y violencia en el actuar de jueces, fiscales y policías.
● Sometimiento de la administración de justicia al gobierno de turno.
● Indefensión ante allanamientos y órdenes de aprehensión.
● Leyes que dan poderes excesivos a jueces y fiscales y que obligan a denunciar cualquier infracción de los demás.
Recientemente, “la llave de Holguín”, aplicada al capitán Lara, fue calificada como un “exabrupto” por el presidente Arce. Lo considera un “buen policía”, precisamente porque su forma de actuar obedece al Estado Policial. En realidad, “la llave de Holguín” está asfixiando a toda la población, poco a poco quitando los derechos a los ciudadanos, que están más atemorizados por el Estado Policial que por el crimen organizado. La “llave de Holguín” es la demostración por excelencia de una policía autoritaria que no permite que un subalterno, mucho menos un ciudadano común, denuncie abusos y/o cuestione decisiones superiores. Es el fruto de estar al servicio de un poder centralista que, poco a poco, se convierte en dictadura, como ya ha sucedido en varios países de América Latina.
Para revertir esta situación necesitamos una reforma constitucional que descentralice la policía, para que esté al mando de los gobiernos municipales y departamentales. Los policías, fiscales y jueces deberían ser vecinos y hermanos de los ciudadanos a quienes les toca “proteger y servir”. Sus hijos deben ser compañeros de los hijos de los demás en los mismos colegios donde les toca acompañar al pueblo.
Hay que abandonar la idea de la “conservación del orden público”, que en realidad no se cumple, como demuestra cada bloqueo de caminos, y en su lugar promover una vocación de servicio al pueblo y de protección a los más vulnerables. En la selección de futuros policías hay que detectar y excluir a las personas con complejo de mandón que buscan el uniforme verde olivo para sentirse autoridad, o a quienes demuestran tendencias a la borrachera y la violencia. En su formación, es necesario sustituir la prepotencia por el servicio humilde, con un alto nivel de ética y profesionalidad. Deben tener menos armas y más psicología.
Si se permite consolidar el Estado Policial, pronto habrá un Estado Terrorista, ya que quienes cometen abusos necesitan hacer otros nuevos, cada vez peores, para controlar a la población y quedar impunes. Si optamos por una auténtica democracia, habrá una dura lucha por delante, una lucha que valga la pena para que Bolivia pueda levantar su cabeza con dignidad y esperanza en medio de las naciones.
Ahora, siendo vicepresidente el capitán Edmand Lara y presidente Rodrigo Paz, ambos víctimas —personalmente o sus familias— del Estado Policial, espero que haya grandes reformas en la institución verde olivo y en todo el sistema de justicia, para que deje de ser crimen organizado y recupere su rol de protección y servicio al pueblo.
Pido a nuestros policías que no sean como aquellos soldados que se burlaron de Jesús, después lo crucificaron y finalmente repartieron su ropa.
A sus víctimas, a todos los que quieren acabar con este Estado Policial y a los policías que quieren actuar con honor y vestirse con el uniforme de Bolivia, les digo:
Dios te bendiga.
