Rodrigo Paz ha puesto sobre la mesa dos de las propuestas más audaces de su agenda: el federalismo y la reforma del 50/50. Para muchos, repartir los recursos en mitades puede sonar tímido, pero en Bolivia representa un giro histórico. Hoy el Gobierno central absorbe más del 80% de los recursos públicos, dejando a las gobernaciones, las universidades públicas y a 340 municipios las migajas restantes. Ese desequilibrio es el corazón de nuestra pobreza crónica: concentra poder, alimenta la corrupción, sofoca la productividad y multiplica la ineficiencia. Hablar de 50/50 es romper un tabú. Significa reconocer que las regiones pueden y deben administrar salud, educación y desarrollo sin pedir permiso a un burócrata en La Paz; acercar la decisión al ciudadano y empezar a desmontar un centralismo que funciona como un cuello de botella nacional. Sin embargo, la cautela es necesaria. Bolivia ya ha escuchado discursos sobre “descentralizar competencias”, pero sin transferir los recursos para ejecutarlas. Esa trampa no puede repetirse. El desafío para Paz es cumplir su palabra: que el 50/50 sea real, fiscal, verificable. Si se concreta será el primer golpe serio contra el sistema que ha mantenido al país inmóvil desde su nacimiento.