EMAPA no es una empresa estatal. Es un monumento a la corrupción, levantado con el dinero de todos para sostener un modelo económico que hace tiempo naufragó. Su existencia es la prueba viva de cómo el estatismo, cuando se impone sobre el mercado, termina convirtiéndose en una maquinaria de privilegios, distorsiones y destrucción del aparato productivo. El gobierno de Rodrigo Paz no tiene margen para la duda: esta estructura debe cerrarse cuanto antes. Mantenerla es financiar la escasez y prolongar la agonía de los sectores más vulnerables.
Desde 2007, los gobiernos del MAS presentaron a EMAPA como la “estrella” de su modelo económico. Prometieron estabilizar precios, eliminar intermediarios y garantizar alimentos. Dieciocho años después, lo único que garantizó fue ineficiencia, pérdidas millonarias y una red de corrupción que hoy estalla en la cara del país. Su presupuesto de 2025 asciende a Bs 4.600 millones, más que varias gobernaciones. Y aun así, en solo ocho días de intervención, el nuevo gobierno encontró daños por Bs 95,5 millones. Eso no es un desliz administrativo: es una estructura diseñada para operar sin transparencia ni controles.
Cada caso revelado muestra lo mismo: irresponsabilidad, exceso de poder, cero supervisión. La planta procesadora de papa en Chuquisaca dejó un agujero de Bs 41,4 millones, con maquinaria pagada que nunca llegó y garantías falsas aceptadas sin pestañear. En el lago Titicaca se pagó casi todo un proyecto piscícola que no existe; en Guarayos y San Borja se financiaron siembras fantasma; en Ixiamas y San Buenaventura se alquiló maquinaria que nunca trabajó. No son irregularidades aisladas. Son patrones repetidos en todas las áreas de la empresa.
Cuando un aparato estatal administra tantos millones sin competencia, sin incentivos y sin contrapesos, esto es lo que sucede. No es mala suerte. Es el resultado lógico de un diseño que le da al Estado el rol de productor, comprador, regulador y distribuidor al mismo tiempo. Una tentación demasiado grande para cualquier gobierno, especialmente uno acostumbrado a usar recursos públicos como botín político.
A esto se suma la distorsión económica. EMAPA no sólo fue incapaz de abastecer al mercado: lo saboteó. Años de subvenciones discrecionales, cupos asignados a aliados, compras dirigidas y manipulación de precios destruyeron las señales básicas del mercado agrícola. Los productores reales quedaron al margen, mientras intermediarios y operadores políticos accedían a granos, maíz y harina subvencionada para revender o especular. El resultado fue escasez, desabastecimiento e inflación.
Los datos lo confirman. Bolivia necesita 1,2 millones de toneladas de maíz al año. EMAPA, en su mejor momento, apenas compró 250.000. Y cuando no podía abastecer, recurría al contrabando, mientras se seguía negando la autorización de transgénicos. Es decir, bloqueaba la producción formal pero alimentaba el mercado ilegal. Ningún país puede sostener precios, abastecimiento y crecimiento con ese nivel de incoherencia institucional.
Prolongar la existencia de EMAPA es perjudicar a los más necesitados. Son ellos quienes pagan la inflación, la escasez, el pan más caro y la falta de oportunidades productivas. Cuando el mercado funciona, los precios bajan porque la competencia obliga a producir más y mejor. Cuando el Estado interviene para “proteger”, termina creando privilegios, escasez y corrupción que siempre recaen sobre los que menos tienen.
