Un memorándum de la Policía Boliviana, emitido por el nuevo comandante General Mirko Sokol, dispone el "cierre total y ordenado de las Divisiones de Comisaría de Tránsito a nivel nacional" y marca el fin de oficinas que durante años fueron denunciadas por prácticas irregulares y constantes actos de extorsión contra la población.
“Todas las actividades operativas y administrativas deberán finalizar en el día”, dice la orden emitida por Sokol, quien agrega que el personal policial y administrativo deberá presentarse ante el departamento de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Tránsito, pare recibir instrucciones sobre su nueva asignación funcional.
De acuerdo con diversas denuncias, los agentes amenazaban con remitir a las personas al Ministerio Público incluso por infracciones menores, utilizando el temor como herramienta de presión para obtener pagos indebidos. Entre las advertencias más frecuentes estaban la suspensión de la licencia de conducir o el secuestro del vehículo, medidas que rara vez se ajustaban a los procedimientos establecidos por ley.
Otra de las prácticas cuestionadas era el cobro de servicios inexistentes. Conductores reportaron que se les exigía pagar por el uso de grúas que nunca llegaron a utilizarse o por supuestos traslados que jamás ocurrieron. A esto se sumaba el cobro obligatorio de parqueo en garajes particulares, con tarifas de hasta 100 bolivianos por día, aun cuando el vehículo permanecía retenido sin justificación clara.
El memorándum firmado por el comandante de la Policía Boliviana establece también “la apertura e implementación de una oficina de plataforma de atención al público en la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial a nivel nacional, como parte de las acciones orientadas a mejorar los servicios brindados a la ciudadanía y optimizar los procesos administrativos”, señala el instructivo.
