Bolivia vive una mezcla profunda de alivio y expectativa. Después de dos décadas de populismo del MAS —un ciclo marcado por control político de las instituciones, improvisación económica y un Estado que funcionaba más como instrumento partidario que como garante de derechos— la ciudadanía siente que puede volver a mirar hacia arriba. Sin embargo, la esperanza choca con una realidad más dura: Bolivia ha sido siempre una escalera sin barandas. Y aunque un nuevo presidente despierta ilusión, el sistema sigue siendo el mismo.
El ciudadano boliviano siempre ha vivido bajo un Estado que existe en el papel, pero que no protege en la práctica. La justicia responde al poder político de turno; la economía formal castiga más de lo que incentiva; la burocracia se abre solo para quienes tienen un contacto; y las reglas cambian según las urgencias del momento. La escalera está, pero las barandas institucionales no.
La llegada de Rodrigo Paz simboliza un país que quiere, por fin, construir esas barandas: un sistema predecible, una justicia independiente, un Estado que no funcione sobre padrinazgos, una economía que premie el esfuerzo. La transición después de veinte años de populismo ha instalado un deseo legítimo de recuperar normalidad institucional. Sin embargo, aquí aparece la paradoja más boliviana de todas: las personas esperan que el Gobierno arregle el país, pero a la vez saben perfectamente cómo sobrevivir sin la ayuda del sistema.
Porque mientras el nuevo presidente promete reordenar el Estado, la ciudadanía sigue haciendo lo que ha aprendido para sobrevivir: apoyarse en redes informales, desconfiar del aparato público, buscar atajos, evitar trámites, moverse en la sombra de la legalidad. Es una cultura construida durante años de incertidumbre. Cuando el Estado no da garantías, las personas improvisan sus propias barandas: un primo en la Alcaldía, un amigo en Impuestos, un gestor que “arregla”, un gremio que presiona, un funcionario que mueve papeles por fuera del sistema.
La gente quiere que el Estado funcione, pero en el fondo no está seguro de que vaya a funcionar. Esa contradicción —esperanza y desconfianza al mismo tiempo— marca el inicio del gobierno de Paz.
El desafío es más profundo que un cambio de liderazgo. No se trata solo de quién gobierna, sino de cómo está diseñado el sistema, que históricamente ha beneficiado a quienes ya están arriba en la escalera: élites económicas con acceso al poder, organizaciones corporativas capaces de bloquear ciudades para imponer sus demandas, y grupos políticos que siempre logran negociar su supervivencia.
Por eso la transición no será automática. Un país acostumbrado a cuidarse solo no cambia su comportamiento en un año ni en un mandato. La gente seguirá improvisando sus barandas mientras no vea señales contundentes de que las instituciones se convierten en estructuras reales de protección.
El gobierno de Paz tiene una tarea monumental: convertir una escalera sin barandas en una escalera funcional, donde cada boliviano pueda subir sin vivir con miedo a caerse. La ciudadanía ha mostrado voluntad de creer otra vez. Hay que reconstruir las barandas que nunca tuvimos y desmontar los hábitos que aprendimos para compensar su ausencia.
