Finalmente, luego de cerca de 2 años de oprobio al estado sujeto al imperio del Derecho y hasta al sentido común, los auto prorrogados han caído. Era la crónica de su caída anunciada pues pese a sus grotescos esfuerzos y delitos, se sabía que ese resultado se produciría no más, restando sólo saber el cuándo y el cómo; lo que fue percutido por el resultado de las últimas elecciones generales que les dejó sin el escaso respaldo político que les quedaba, cuando las cepas del partido que “esponsoreo” su salto al vacío fue apeado del ejecutivo y legislativo. Ya ni sus gatos les ronroneaban y los pocos -desubicados o serviles- colegas que les meneaban la cola, ahora están haciéndose a los del otro viernes, en pleno proceso de cambio.
Lamentablemente, el estado en el que dejan la ya destartalada administración de justicia boliviana -que algunas señales favorables, está dando a la vista también del nuevo escenario político e institucional- es calamitoso y asombrará a los más curtidos conforme vayan saliendo sus “aventuras” en el curso de próximas semanas, algo que era un secreto a voces en el foro. Los Magistrados legítimos tanto del TSJ y especialmente del TCP tienen la palabra y la acción, debiendo mostrarnos la madera de la que están hechos, además del Ministerio Público qué teniendo la iniciativa penal de oficio, ya se hizo del otro viernes durante todo el tiempo transcurrido de la impresentable prórroga.
Salta a la vista que por muchas posturas abiertamente encubridoras o acomodaticias que ahora -muerto el perro y también sus pulgas- están tímida apareciendo incluso a título de aprovechamiento pues muchos operadores con poder de decisión del sistema recurrieron a burdos pretextos para validar o hacerse a los suecos con los actos de los prorrogados cuando tenían poder; ha llegado el momento de investigar sus evidentes delitos, castigar -previo debido proceso- esos hechos no solo penalmente sino administrativa o jurisdiccionalmente y empezar a superar el desastre.
En lo primero, urge que por muy mal que nos caigan esos juristas del horror, la institucionalidad boliviana debe garantizarles el Debido Proceso, pues se trata de hacer justicia y no venganza o leña del árbol caído. Asombra en esa línea, unos curiosos mandamientos de aprehensión que hubieran sido emitidos por un juez que tramita una acción popular, pues hasta donde entiendo en ese tipo de acciones de defensa muy distintas de procesos penales, su admisión a trámite jamás podría acarrear esa medida.
Sobre lo jurisdiccional y administrativo; sin duda que los legítimos habrán ya no más realizado un necesario corte administrativo de las “funciones jurisdiccionales” que le estaban metiendo no más tratando de minimizar los gravísimos daños causados y, empieza la batalla para declarar la nulidad de sus actos (art. 122 de la CPE) qué para evitar un caos monumental, no puede percutirse sino a través de un litigio al caso concreto por la parte interesada y en función al agravio particular.
Y para empezar a superar el tremendo despute institucional perpetrado, hay que distinguir lo urgente de lo importante. Lo urgente además de empezar a restablecer la institucionalidad sistemáticamente dañada de esos altos tribunales lo que es una tarea titánica de los legítimos -especialmente en el TCP- dándonos señales poderosas como una profunda auditoría jurisdiccional, transparencia de sorteos y resoluciones pasando por una nueva web oficial que -como ocurría- solo mostraba lo que le venía en gana a la organización criminal que tomó el TCP y encima, resolver las más más de 17.000 causas en esa instancia, muchas de ellas, para ser educadito, ocultadas o empapeladas en sus estrados. Además debieran abandonar la delincuencialmente práctica de falsear las fechas de las resoluciones y forjar notificaciones falsas o inexistentes.
Pero, fundamentalmente la clase política recién renovada en el ejecutivo pero especialmente en el legislativo tiene la inmediata obligación de construir acuerdos mínimos para concluir el proceso de elección popular de los altos cargos restantes perversamente impedido por los impresentables auto prorrogados, en sus respectivos distritos. Urge una inmediata convocatoria para completar este accidentado proceso electoral empezado el 2023, por lo que por esa su naturaleza particular, pues no se trata de un nuevo proceso que choque con la prohibición del art. 182.II de la CPE sino de completar el iniciado hace dos años, pudiendo además por consideraciones logísticas y financieras, realizarse junto con las subnacionales de marzo entrante. Cierto es que ello complejizará ese proceso en esos distritos, requerirá de mayores recursos y otras cuestiones atendibles, pero urge aunque se trate de un sistema demostrablemente fracasado (esos altos cargos exigen idoneidad y no popularidad) restablecer por esa vía, el funcionamiento de esos tribunales. Lo importante será más tarde, realizar la reforma constitucional mediante un nuevo sistema de elección.
Así las cosas, toda la siempre débil institucionalidad boliviana está a prueba para enfrentar y solucionar el tremendo desastre causado por esos juristas del horror auto prorrogados. Considérese como insumo, aquello de Axel WEBER: “ALGUNAS INSTITUCIONES FOMENTAN LA VIRTUD, MIENTRAS QUE OTRAS FOMENTAN EL VICIO”. Amanecerá y veremos…
