El fin de los “magistrados prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), consumado con la posesión de la nueva presidenta, la Dra. Paola Prudencio, es sin duda un punto de inflexión. Parece que se pone fin a décadas de una justicia sometida vilmente al poder político.
En el acto de posesión, la flamante presidenta del TCP afirmó: “La justicia ya no será un instrumento del poder” y se cerraba “una de las páginas más oscuras de la historia del órgano judicial”.
En estas frases, con mucha precisión y contundencia, resume lo que afirmé en varias columnas hace muchos años: el órgano judicial había sido capturado para convertirse en la piedra angular de un proyecto de reproducción permanente del poder.
Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) habían capturado la estructura completa del sistema judicial, desde la selección de magistrados hasta la orientación de fallos. El órgano judicial, sobre todo el TCP, se convirtió en el brazo operativo del proyecto de hegemonía y “poder eterno”. No solo fue utilizado para modificar a su antojo la Constitución que ellos mismos aprobaron, cambiando las reglas de juego para habilitar ilegalmente a Morales para una tercera repostulación; fue instrumentalizado también para perseguir opositores, proteger aliados, fabricar culpables y garantizar impunidad.
Más que un exceso circunstancial, fue una estrategia calculada de sometimiento institucional para convertirla en un mecanismo de control y reproducción del poder.
La elección de magistrados a través del “voto popular” terminó siendo el mecanismo más eficiente para colocar en los tribunales a autoridades que, de operadores de justicia, pasaban a operadores políticos. En las dos primeras elecciones, cuando el MAS contaba con dos tercios, la preselección parlamentaria fue un teatro: evaluaciones ficticias, cuoteo corporativo, favores políticos y candidatos sin méritos reales. El resultado fue una justicia sin legitimidad alguna. En promedio, en ambas elecciones, los votos nulos y blancos superaron el 60%. Por eso, precisamente, les cambiaron el nombre: de magistrados a “masistrados”.
El Tribunal Constitucional dejó de ser el guardián de la Constitución para convertirse en un aliado más del poder político. La instrumentalización fue brutal, desde el inconstitucional fallo que habilitó a Morales vulnerando el 21F —acto que, como escribimos entonces, “prostituyó” al TCP— hasta la judicialización permanente de la política.
Ahora bien, todos esos fallos “a la carta”, solicitados por el poder político, tenían que ser de algún modo devueltos o retribuidos. En el modo y en la forma de retribuir esos favores tiene origen la perversión de todo el sistema de justicia. Vean bien: con los favores políticos, los jueces y fiscales tuvieron “piedra libre”; podían fallar y actuar a discreción, el intercambio estaba permitido.
Vean la cantidad de fallos y casos pendientes que tenían los “masistrados” prorrogados. Las noticias dan cuenta de cerca de 17.000 casos pendientes. Si tenían “piedra libre” para fallar, todo nos inclina a pensar que obtenían beneficios por cada sentencia. Por ello, dicho sea de paso, la auditoría anunciada por la nueva presidenta del TCP es insoslayable.
La justicia, así, la convirtieron en un órgano de extorsión. A la par, esto dio inicio también a la conformación de “consorcios” entre policías, abogados, fiscales y jueces para la obtención de sentencias dirigidas en función de intereses particulares. Para obtener esos fallos no les importó meter a la cárcel a personas inocentes. Los ejemplos abundan.
En ese estado de cosas, los jueces, de impartir justicia, pasan a impartir el mal, con un nivel de perversidad casi naturalizado. El cuadro no solo es macabro, es espeluznante: fiscales, jueces y abogados ejerciendo presiones e influencias para dirigir y determinar decisiones judiciales, sin la menor sensibilidad ante las vidas que afectaban, “linchando” personas y familias sin importar el dolor que provocaban con estas monstruosas injusticias. Sin generalizar —porque hay abogados, fiscales y jueces probos— actuaron con una bestial perversidad, ejerciendo desde su espacio un poder sin límites al servicio de la maldad.
La justicia en el régimen masista engendró verdaderos monstruos que actuaban en el Ministerio Público y el Órgano Judicial, impartiendo maldad de la forma más natural y, lo que es peor, sin ningún remordimiento. La “banalidad del mal”, aquel concepto acuñado por Hannah Arendt, estuvo presente en el accionar de estos operadores.
Este es el momento más crítico de la justicia desde la fundación de la República. Esta crisis no tiene precedentes. Ni en los regímenes autoritarios se había avergonzado tanto a la justicia. La fractura moral será difícil de reparar.
Felizmente, con el fin de los “masistrados” y del régimen masista, vuelve la esperanza. Ojalá las palabras de la nueva presidenta del TCP se cumplan y demos la vuelta a esta página, que es una de las más oscuras y terroríficas de la historia de nuestra justicia.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
