Cuando la justicia amanece “independiente” y el fiscal aparenta transparencia, los nervios tiemblan donde antes reinaba la impunidad. La nueva acusación contra uno de los hijos del expresidente Luis Arce marca un quiebre en un caso que el sistema judicial trató por meses como una anécdota familiar y no como un escándalo financiero. Ahora, con un gobierno que intenta vender la idea de renovación institucional —aunque todavía huela a pintura fresca— el caso Adán y Eva podría convertirse en el primer terremoto judicial de esta administración.
Lo que parecía un crédito privilegiado para dos jóvenes sin experiencia ni patrimonio se ha transformado en una red de favores, silencios y retornos financieros que coloca bajo la lupa no sólo a los hijos del expresidente, sino también a funcionarios, reguladores y al Banco Ganadero, súbitamente convertido en la entidad favorita de la Gestora Pública.
Cuando se conoció que los hijos de Arce accedieron a créditos por 9,1 millones de dólares, muchos creyeron que el capítulo terminaba ahí: “cosas de la familia”, “jóvenes emprendedores”. El propio Arce justificó la operación asegurando que lo importante era “el plan de negocios” y que confiaba en la independencia del Banco Ganadero.
Pero el verdadero problema no es el crédito: es el retorno. Tras esas operaciones, la Gestora —que administra el ahorro de jubilación de millones de bolivianos— incrementó sus inversiones en el Banco Ganadero en casi 200 millones de dólares en tres años: de 846 millones en 2021 a más de 1.047 millones en 2024. Un salto que despierta la pregunta inevitable: ¿coincidencia, eficiencia… o favores pagados en grande?
Las dudas crecen porque ni la ASFI ni la APS dijeron una palabra. ¿Cómo dos jóvenes de 20 y 25 años acceden a créditos a los que un empresario consolidado no llega sin hipotecarlo todo? ¿Cómo los entes reguladores, estrictos con cualquier pyme, guardaron silencio ante operaciones que cualquier manual básico marcaría como riesgo evidente? La respuesta es incómoda: esas instituciones estaban dirigidas por funcionarios designados por Arce. El círculo se cerraba perfecto: crédito, retorno financiero, reguladores afines y silencio administrativo.
Con la reapertura del caso y una ampliación de la acusación fiscal, la investigación ingresa en etapa de posible imputación. Y aparece la figura más incómoda: un fiscal que durante años fue complaciente con el arceísmo y que hoy intenta mostrarse como adalid de transparencia. ¿Puede investigar a quienes protegió? Sólo bajo presión política.
El escenario más probable es la imputación contra los hijos del expresidente, útil para que el nuevo poder judicial, liderado por Romer Saucedo, exhiba una independencia largamente reclamada. Pero si la justicia quiere parecer seria, deberá abrir una investigación colateral al Banco Ganadero, revisando condiciones crediticias, garantías, tiempos y el aumento de inversión de la Gestora.
También será inevitable la caída de funcionarios de la ASFI, APS y la Gestora, todos con huellas en el caso. Y, aunque muchos lo eviten, Luis Arce tendrá que quedar bajo la lupa: no por el crédito, sino por el entramado institucional que lo hizo posible.
El caso ya tiene dimensiones políticas: evismo, arcismo, agrobanqueros y viejos operadores ven aquí un arma, una oportunidad o una amenaza. La justicia dice haber despertado. Si investiga sólo a los hijos, será venganza. Si llega al banco, será justicia. Si toca a los reguladores, será limpieza. Si llega al expresidente, será histórico. Y si no pasa nada… será Bolivia siendo Bolivia.
