Tolerancia cero con los avasallamientos

El ataque sistemático del MAS contra Santa Cruz tuvo su expresión más cruda en los avasallamientos. No eran hechos aislados, sino la expresión de una política tolerada —cuando no promovida— desde el poder. En una década, 494 predios fueron tomados, 170.000 hectáreas quedaron comprometidas y la violencia se volvió parte del paisaje rural. Productores golpeados, cultivos destruidos, maquinarias robadas, trabajadores retenidos y hasta balas: ese fue el costo de una inacción estatal para beneficiar a grupos irregulares organizados, muchos de ellos movilizados desde San Julián, con rutas claras, logística y protección política. Mientras la CAO y asociaciones de víctimas suplicaba la aplicación estricta de la Ley 477, el Gobierno se dedicó a administrar silencios y operativos “puntuales” sin ningún impacto. Santa Cruz ha sido el epicentro porque es el motor productivo del país, y atacar su propiedad privada era la forma de golpear su liderazgo y su autonomía. Lo lamentable es que todavía no hemos vuelto a la normalidad y tampoco hay señales de que habrá tolerancia cero con este crimen.