El Ministerio Público presentó una imputación formal contra Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, en el marco de la investigación por el caso Botrading y pidió su detención preventiva, informó el fiscal asignado al caso Omar Yujra.
“El Ministerio Público ha colectado más de 40 elementos de convicción, y el día de hoy hace conocer a todo a toda la población de que se ha emitido la resolución de imputación formal en contra de los ciudadanos Armin Dorgathen Tapia, Gabriela Delgadillo Salazar, Julio César Camargo, Omar Alarcón Saigua, Luis Rolando Sánchez Ayala y Miguel Ángel Colque”, informó el fiscal en conferencia de prensa.
Actualmente el paradero de Dorgathen es incierto. La semana pasada el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que el expresidente de YPFB “fugó” del país. También se conoció que no pesaba entonces ninguna orden de aprehensión en su contra.
“El Ministerio Público, al emitir la resolución de imputación formal, ha logrado establecer probabilidad de autoría y la existencia de suficientes elementos de convicción, superando así los requisitos exigidos por el código de procedimiento penal”, explicó Yujra.
Dorgathen y otros exfuncionarios son investigados por la creación de Botrading, una filial para la intermediación en la importación de combustibles, con YPFB como único cliente y a su vez accionista mayoritario.
La principal observación es que las compras se hicieron con presunto sobreprecio y sin considerar ofertas más competitivas para la adquisición de combustibles.
El diputado Carlos Alarcón, que integró una comisión legislativa, que investigó el caso en el anterior periodo constitucional, señalaba entonces que el caso Botrading dejó al Estado un presunto daño económico de $us 355 millones.
“Estamos hablando de una empresa de papel, sin actividad comercial, que en lugar de abaratar costos encareció la importación de combustibles”, declaraba Alarcón anteriormente al sitio Brújula Digital.
Dorgathen también tiene otro caso abierto por supuesto contrabando en la exportación de gas natural. La denuncia fue presentada por exfuncionarios aduaneros, pero desmentida en su momento por altos cargos, en la gestión del MAS, de YPFB, la Aduana y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
