El anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre la “muerte” de la actual Aduana Nacional no debe ser retórica, hace falta un profundo diagnóstico de la gravedad estructural que enfrenta la institución, convertida en un factor de informalidad, corrupción y desincentivo para la inversión y la competitividad nacional. La coyuntura exige una transformación integral, que no sólo combata las prácticas ilícitas, sino que reconstruya la entidad sobre bases de transparencia, eficiencia y servicio al ciudadano.
El contrabando, en sus múltiples formas —desde el “hormiga” hasta el fraude técnico— representa uno de los problemas más acuciantes. Se estima que el comercio ilegal supera los 2.000 millones de dólares anuales, con una evasión fiscal de unos 600 millones de dólares. Las altas cargas arancelarias y la política cambiaria desalineada generan un incentivo perverso: el comercio formal es caro y complejo, mientras que el ilegal ofrece ganancias rápidas y riesgos limitados, gracias a la complicidad de redes internas.
La reforma no puede limitarse al control. La burocracia ineficiente, la lentitud de los despachos y el desfase tecnológico encarecen la formalidad y castigan a los empresarios cumplidores. La digitalización parcial de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) debe transformarse en un sistema integral, interoperable y seguro, con procesos totalmente electrónicos, firma digital obligatoria y puntos únicos de control en las fronteras. Solo así se logrará un comercio legal competitivo, ágil y predecible.
El fortalecimiento institucional es otro pilar imprescindible. La rotación periódica de personal crítico, la profesionalización mediante capacitación continua y la creación de unidades internas de auditoría con sanciones ejemplares son estrategias necesarias para romper las redes de complicidad.
El desafío logístico no es menor. Bolivia, país mediterráneo, depende de corredores internacionales para su comercio exterior. Optimizar los tiempos de despacho, reducir cuellos de botella en almacenes y fronteras, y coordinar inspecciones con todas las entidades involucradas —SENASAG, IBNORCA, policía y fuerzas armadas— disminuirá los costos de formalidad y hará que la importación legal sea atractiva frente a la ilegalidad.
El anuncio de arancel cero para tecnología no producida en Bolivia es un ejemplo de política pública alineada con la reforma aduanera: reducir incentivos al contrabando, abaratar costos para los consumidores y fomentar la innovación y el acceso al siglo XXI.
La Aduana es un componente fundamental de la economía y se trata de ir más allá de los cambios superficiales. La institución es hoy una de las principales trancas de exportadores e importadores y debe convertirse en un motor de desarrollo, competitividad y confianza ciudadana. El reto es que sea un ejemplo de eficiencia y transparencia, donde la formalidad sea más rentable que la ilegalidad, y donde el ciudadano vea en la institución un aliado, no un enemigo.
Una aduana moderna es eficiente, tecnológica y transparente, diseñada no solo para controlar el flujo de mercancías, sino también para facilitar el comercio formal y proteger la economía nacional. Opera con sistemas totalmente digitalizados e interoperables, donde la Ventanilla Única permite que todos los trámites sean electrónicos, con firma digital y trazabilidad completa.
