La comisión de fiscales, que investiga las irregularidades en proyectos del Fondo Indígena, presentó este jueves la imputación formal contra el expresidente Luis Arce Catacora, en la que pide su detención preventiva por tres meses en un penal de La Paz.
Arce está sindicado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Ahora resta confirmar la hora de su audiencia cautelar donde un juez definirá si lo envía a prisión o se defiende en libertad con medidas sustitutivas.
“Siendo un delito de orden público, se solicita la aplicación de la medida cautelar extrema de la detención preventiva (...) por el plazo de tres meses en el centro de reinserción Qhalauma (La Paz)”, señala la imputación, citada por la red Unitel.
Arce fue aprehendido el miércoles a las 14.00 en la zona de Sopocachi de La Paz y trasladado de inmediato a la sede central de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Hay indicios que complican la situación del expresidente, según el Ministerio Público, Entre ellos se revela la existencia de un acta de una reunión realizada en el año 2009 donde Arce anunciaba los montos disponibles para diversos proyectos y la posibilidad de realizar depósitos de dinero público en cuentas particulares, pese a que la ley financial lo prohíbe.
Arce fue incluido el martes en la investigación, a pedido de la nueva administración del Fondo Indígena en el caso que tiene a Lidia Patty como principal acusada por un proyecto de producción de tomate en La Paz, marcado por irregularidades y en el que se realizó depósitos de Bs 639.000 en cuentas de la exdiputada del MAS.
Prácticamente no han surgido voces para defender al exmandatario a poco más de un mes de dejar el poder. Se lo proceso en la vía ordinaria ya que los supuestos delitos se habrían cometido cuando era Ministro de Economía, no Presidente del Estado.
La Fiscalía señaló que en total hay siete investigados y se han emitido otras cinco órdenes de aprehensión, aunque no se han revelado los nombres para no entorpecer las investigaciones. Se habla de un daño económico al Estado que supera los Bs 9 millones.
