Hay decisiones que requieren tiempo, procesos y auditorías serias. Nadie pide improvisar cuando se trata de inversiones, contratos o infraestructura pública. Pero hay otras situaciones que no admiten dilación, porque la respuesta es evidente desde el origen. El caso de Emapa pertenece a esta segunda categoría. Esta empresa fue creada para impulsar la producción, pero nunca pudo ser útil, sostenible ni beneficiosa para el productor. Ni nunca lo será. Su diseño responde a un modelo estatista que ya demostró su fracaso: distorsiona el mercado, compite de forma desleal, incrementa la burocracia y abre puertas gigantescas a la corrupción. No hay nada que analizar respecto a su continuidad. Una empresa concebida para intervenir el mercado termina, inevitablemente, desviando recursos, subsidiando ineficiencias y castigando al pequeño productor al que dice proteger. Si el Gobierno realmente quiere fomentar la producción y ayudar al campesino, lo primero que debe hacer es quitarse del medio. En la tardanza está el peligro: que los nuevos gobernantes se encariñen con el viejo modelo del MAS, que no deja de ser ventajoso… para los burócratas, por supuesto.