Es prácticamente imposible que el expresidente boliviano Luis Arce quede en libertad en las próximas horas. Aunque el exmandatario está a la espera de las medidas cautelares que serán dictadas por un juez, todo indica que su detención por presuntamente autorizar 1.100 transferencias de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), a cuentas particulares de más de 4.400 dirigentes sindicales, durante su rol como ministro de Economía, se mantendrá.
La Fiscalía lo acusa de propiciar un prejuicio de 135 millones de dólares al Estado perjudicando con ello a 3400 proyectos. Sin embargo, Arce decidió acogerse al derecho de guardar silencio mientras espera en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) su traslado para la imputación y la fijación de su primera audiencia.
Hasta ahora trasciende que será procesado por cinco delitos: favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
“Cayó el primer pez gordo. Él instruyó depósito de dineros públicos a cuentas particulares como Juanita Ancieta: Bs 10 millones, Melva Hurtado Bs 20 millones. Ese dinero del Fondo Indígena era para los más pobres» señaló el exdirector del Fondo Indígena, Rafael Quispe.
El arresto de Arce tensiona a la política en Bolivia. Para el gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su privativa de libertad reivindica al exadministrador del Fondo Indígena a Marco Aramayo, quien tras denunciar el desfalco de la entidad, pasó siete años en la cárcel y enfrentó 256 procesos judiciales a lo largo de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta morir en abril de 2022.
Todo comenzó cuando Aramayo denunció en 2016 a la entonces ministra de Desarrollo Social, Nemesia Achacollo por autorizar un desembolso de 575 millones de bolivianos durante las elecciones de 2014 pese al Fondo Indígena reportar una «quiebra técnica».
«El socialismo lo castigó por hablar» asegura la familia a tres años de su deceso por un paro cardiorrespiratorio en la unidad de terapia intensiva del hospital Cotahuma, en la ciudad de La Paz.
El caso de Achacollo revive con la detención de Arce. Fue “torturado» dijo Camacho tras insistir en que “la corrupción masista” no puede quedar impune. Enfocada en ello, la organización Hagamos Democracia solicita indagar las revelaciones que Aramayo dejó en tres libros publicados sobre los involucrados en el desvío de los recursos del FDI.
Mientras, desde la cárcel, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien responsabiliza a Arce de su arresto por «razones políticas» publicó una carta titulada “El verdugo finalmente conoce la prisión” en la cual le recuerda que “no existe poder que lo proteja, ni discurso que lo salve” en la prisión donde estará sin escoltas, sin privilegios y donde “la noche no cubre culpas y el amanecer obliga a mirar la verdad de frente”.
Este proceso judicial en contra de Arce también tiene en la mira al expresidente socialista, Evo Morales. Si bien el exmandatario ya tiene encima una orden de aprehensión en su contra por un caso de «trata de personas» y «estupro», tras ser acusado de sostener una relación sentimental con una menor de edad e incluso, tener un hijo con ella, su nombre resuena en la fase preliminar de la investigación por corrupción.
Según el viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, en la fase preliminar de las pesquisas, existen indicios de que Arce contó con autorización presidencial para ejecutar las transferencias de fondos públicos. Ello apunta directo a Morales considerando que ostentaba el cargo de jefe de Estado cuando se efectuaron los desembolsos del entonces ministro de Economía. «Nadie está descartado» recalca.
Otros que figuran en la lista de posibles «personas de interés» para la averiguación son los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, además de dirigentes de organizaciones sociales sospechosas de haber obtenido recursos públicos de forma ilícita.
