La eliminación del régimen de subsidios a los combustibles no es una decisión popular ni cómoda, pero sí inevitable. Durante años se sostuvo una ficción costosa: hacer creer que el combustible barato era un beneficio del Estado, cuando en realidad era un drenaje permanente del bolsillo de los bolivianos. Son casi tres mil millones de dólares anuales que se van en sostener un modelo perverso, insostenible y profundamente regresivo.
Ese dinero no sale de una caja abstracta llamada Estado. Sale de la gente, aunque no siempre lo vea. Hoy el impacto es directo: el precio sube, la economía familiar siente el golpe y el malestar aparece. Pero no había alternativa. El país ya no tiene dólares para seguir importando combustible, las reservas internacionales están exhaustas y el desabastecimiento se había vuelto estructural.
El Decreto Supremo 5503 declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social y pone negro sobre blanco una realidad que el MAS dejó como herencia: déficit fiscal acumulado superior a 30.000 millones de dólares, reservas internacionales que cayeron de 15.100 millones en 2014 a apenas 2.300 millones en 2023, y una industria energética abandonada, con inversiones menores al 40% de lo necesario. El subsidio no solo vació las arcas, también incentivó el contrabando: hasta el 30% del combustible terminaba en países vecinos, gracias a un diferencial de precios de hasta 60% y a redes protegidas por la complicidad estatal.
En ese contexto, quitar el subsidio era indispensable. No hacerlo habría sido irresponsable. El propio presidente lo dijo con crudeza: “no es fácil lo que viene”. Y tiene razón. El sacrificio será real. Nadie puede fingir que eso no tendrá consecuencias. Por eso el decreto intenta amortiguar el golpe con transferencias directas: incremento del salario mínimo en 20%, creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, aumento de la Renta Dignidad y del Bono Juancito Pinto.
Aquí aparece el punto crítico. El sacrificio no puede ser solo de la gente. Si el gobierno exige comprensión y paciencia, el Estado debe dar señales claras de que también está dispuesto a apretarse el cinturón. Hasta ahora, esas señales no son suficientes. Se pide sacrificio mientras se eleva el gasto corriente y se mantiene intacto un aparato estatal elefantiásico, costoso e ineficiente.
La pregunta es inevitable: ¿a dónde irán esos millones que se ahorrarán al año en subsidios? ¿A inversión social para paliar el costo del ajuste o a seguir alimentando empresas estatales que han demostrado ser un lastre, un cáncer económico comparable —o peor— que el subsidio mismo? Si ese dinero termina sosteniendo burocracia, déficit y malas gestiones, el sacrificio habrá sido inútil.
El sacrificio era inevitable. La gente tendrá que asumirlo. Pero si el Estado no demuestra, desde ahora, que también está dispuesto a sacrificarse, el respaldo social se evaporará. El ajuste solo será legítimo si es parejo. Sin eso, no habrá orden, ni justicia, ni futuro económico que aguante.
