En Bolivia solemos hablar de los socavones de angustia, evocando la miseria minera retratada por la literatura nacional: oscuridad, riesgo y salarios de supervivencia. Pero esa imagen romántica se derrumba cuando se observa la realidad de las mineras estatales. Allí no hay angustia: hay socavones de privilegios. Los datos son contundentes. En Huanuni y Colquiri, ambas bajo Comibol, decenas de trabajadores perciben salarios que superan los Bs 30.000 y llegan hasta Bs 88.000 mensuales, sumando sueldos básicos, bonos y beneficios. No se trata de casos aislados: planillas con 465 nombres revelan una estructura sobredimensionada, con supernumerarios y remuneraciones que no guardan relación ni con la productividad ni con la crisis fiscal del país. Paradójicamente, estas empresas estatales son menos eficientes que las privadas, pero pagan más. Y son esos mismos sectores los que hoy encabezan protestas contra la eliminación de la subvención a los combustibles, hablando en nombre de la “clase humilde”. La contradicción es obscena. Mientras el país ajusta el cinturón, algunos siguen excavando privilegios bajo el amparo del Estado. No son socavones de miseria: son túneles de poder, opacidad y renta política.