Bolivia ha vivido durante dos décadas bajo un hechizo estadólatra que confundió el consumo de capital con crecimiento real. Sin embargo, la realidad ha terminado por imponerse sobre el relato. Las recientes decisiones del gobierno de Rodrigo Paz marcan el inicio de una ruptura necesaria con el modelo de subsidios y el hiperestatismo que nos dejó al borde del colapso financiero. Esta no es una simple corrección de gestión; es la siembra de una estructura de libertad que, por primera vez en años, prioriza la salud económica del país sobre el cálculo electoral.
El sistema de subsidios a los hidrocarburos se había transformado en un cáncer que devoraba cerca de 4.000 millones de dólares anuales. Mantener este esquema era, literalmente, quemar las últimas reservas del país para sostener una ficción de estabilidad. Al intervenir este mecanismo, el gobierno de Paz no solo busca cerrar una brecha del 8% del PIB, sino que envía una señal fundamental: el Estado ya no puede —ni debe— ser el tutor de cada transacción económica de los ciudadanos.
El éxito de esta medida depende de la irreversibilidad. La historia boliviana está plagada de reformas truncas que, ante la primera presión social o política, retrocedieron hacia el populismo, profundizando la crisis. Hoy, el camino de la libertad es el único que conduce a la prosperidad. Como señala el Índice de Libertad Económica 2025, la diferencia entre una economía reprimida y una abierta no es solo una cifra de ingresos; son 17 años de diferencia en la esperanza de vida y una reducción drástica de la pobreza del 52% al 2%. Para Bolivia, la libertad económica es, en esencia, una cuestión de supervivencia.
El diagnóstico del Fraser Institute es implacable con la herencia recibida: Bolivia arrastra una calificación de 4,13 en derechos de propiedad y un desastroso puesto 154 en regulación. El gobierno no puede detenerse en el ajuste de los combustibles. Para que la semilla de la libertad germine, se debe ejecutar un plan de desestatización profunda. Esto implica la liquidación de empresas públicas que funcionan como agencias de empleo político y una reforma judicial que garantice que la inversión no sea víctima del arbitrio de turno.
Todavía no hemos salido de la zona de peligro. El desastre económico legado por el MAS —caracterizado por la dilapidación de ingresos gasíferos y la asfixia al sector productivo— sigue acechando. La inflación reciente, producto de años de emisión descontrolada, no se soluciona con más controles, sino con la liberación de las fuerzas productivas. El ajuste fiscal debe ser acompañado por un alivio burocrático: menos trámites, menos impuestos a los emprendedores y una apertura real al comercio internacional.
La libertad económica no es un lujo de países ricos; es la herramienta que los hizo ricos. Rodrigo Paz ha tomado el timón en medio de la tormenta y ha girado hacia el único puerto seguro. Cambiar de rumbo ahora o ceder ante los promotores del caos sería condenar a Bolivia a una década pérdida de miseria y autoritarismo. El momento de redoblar la apuesta por la libertad es ahora.
La libertad económica no es un lujo de países ricos; es la herramienta que los hizo ricos. Rodrigo Paz ha tomado el timón en medio de la tormenta y ha girado hacia el único puerto seguro. Cambiar de rumbo ahora o ceder ante los promotores del caos sería condenar a Bolivia a una década pérdida de miseria y autoritarismo. El momento de redoblar la apuesta por la libertad es ahora.
