La caída de un régimen autoritario es, sin duda, un motivo de júbilo. Sin embargo, el verdadero triunfo del venezolano de hoy no reside únicamente en el cambio de rostros en el poder, sino en la oportunidad histórica de demoler el mito que ha encadenado su destino durante un siglo: la ficción de que el Estado es el "dueño" del petróleo para el beneficio del pueblo. Los venezolanos deben festejar porque están a las puertas de dejar de ser mendigos de una renta pública para convertirse en actores de un mercado abierto y libre.
Durante décadas, se nos repitió que el petróleo era "nuestro". Pero la realidad es otra. En Venezuela (y en Bolivia también), esa "propiedad pública" no es más que una máscara jurídica para ocultar la captura total del recurso por parte de una élite política. Al ser de "todos", el petróleo terminó no siendo de nadie, excepto de aquellos que controlaban el grifo estatal para comprar lealtades.
Es aquí donde debemos abordar el ruido generado por las recientes declaraciones de Donald Trump. Cuando el mandatario estadounidense afirma que "quiere el petróleo" o que "nos robaron los derechos petroleros", muchos caen en la trampa del nacionalismo herido. Pero hay que entender la frase desde la realidad económica: el gobierno de EE. UU. no es dueño de empresas petroleras. Lo que Trump exige es el derecho de acceso y la seguridad jurídica que fueron destruidos por las expropiaciones.
Que Trump mencione que EE. UU. debe "hacerse cargo" temporalmente de la industria no significa que el petróleo pasará a ser propiedad de la Casa Blanca, sino que se busca abrir el camino para que las compañías privadas (las que realmente tienen la tecnología y el capital) regresen a producir bajo reglas claras. El beneficio para el venezolano no es que "EE. UU. se lo lleve", sino que el monopolio corrupto de PDVSA sea sustituido por una competencia feroz que genere empleos, inversión y, sobre todo, una renta auditable.
Hay que festejar porque el fin de este monopolio significa el fin del petróleo como arma de control social. En un sistema de concesiones transparentes, el beneficio para el ciudadano de a pie es real. Primero, a través de la eficiencia. Las empresas privadas traerán la tecnología que el Estado desperdició; eso no es "entregar el país", es poner a trabajar un recurso muerto para generar bienestar vivo.
Deben celebrar la llegada de la responsabilidad fiscal. El Estado dejará de ser un "empresario" ineficiente para convertirse en un recaudador. Las empresas pagarán regalías e impuestos que deben financiar infraestructura y salud. Se rompe el círculo vicioso del clientelismo: el gobernante ya no regala bonos de una caja negra, sino que administra recursos auditables de la actividad productiva de terceros.
Incluso el tema de la gasolina debe verse con optimismo. El fin de las colas humillantes. El precio de mercado garantiza el suministro y elimina el contrabando. Es preferible pagar el valor real de un servicio disponible, que mendigar por un subsidio inexistente que solo alimenta mafias.
Venezuela (y Bolivia) tiene la oportunidad de mirar hacia modelos donde la propiedad privada y las reglas claras han convertido la energía en un motor de riqueza local, no en un botín de guerra. El nuevo venezolano no debe aspirar a que el Estado le "reparta" el petróleo, sino a vivir en un país donde la energía abunde y el empleo sobre.
