Bolivia cerró 2025 con una inflación acumulada del 20,40%, la más alta en cuatro décadas. Ninguna narrativa puede disimular ese dato. Sin embargo, los últimos meses del año dejaron una señal que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz haría bien en leer con atención: cuando se respeta mínimamente el sistema de precios, la inflación cede. No por decreto, sino por realidad.
El propio INE muestra que en el último cuatrimestre la inflación apenas superó los dos puntos, que más productos bajaron de precio de los que subieron y que el rubro de alimentos —el más sensible para los hogares pobres— registró una caída de -1,69%. ¿Qué cambió? No hubo milagros. Hubo algo mucho más simple y poderoso: mayor oferta, menor distorsión y señales de precios funcionando.
El precio no es el problema de Bolivia. El precio es el mensajero. Y como suele ocurrir, durante años se castigó al mensajero: controles, subsidios mal diseñados, restricciones a exportaciones, emisión monetaria para tapar déficits y un gasto público que creció sin respaldo productivo. El resultado fue previsible: escasez, inflación y pérdida de confianza.
Si el gobierno actual quiere consolidar la estabilización y evitar que el precio vuelva a convertirse en el enemigo cotidiano, hay una regla básica que no admite excepciones: respetar el sistema de precios como el principal factor dinamizador de la economía. Eso implica, ante todo, resistir la tentación más vieja y destructiva de la política económica: imprimir dinero.
La emisión sin respaldo es, en cualquier economía del mundo, el principal generador de inflación artificial. Bolivia ya lo comprobó. Mientras el déficit fiscal se financie con la maquinita, el precio seguirá subiendo no porque el mercado falle, sino porque la moneda pierde valor.
La segunda condición es una reducción real del gasto público. El Estado boliviano ha estado gastando como si la bonanza aún existiera. Mantener ese nivel de gasto obliga a endeudarse, a emitir o a asfixiar al sector privado. En los tres casos, el precio termina ajustando.
Tercero: exportaciones liberadas. Cada restricción a exportar es una agresión directa al sistema de precios. Se castiga al productor, se desalienta la inversión y se reduce la oferta futura. El efecto final no es proteger al consumidor, sino empobrecerlo. Los datos recientes lo confirman: cuando la producción fluye y llega a los mercados, los precios bajan sin necesidad de controles.
Cuarto: disciplina fiscal férrea y creíble. No basta con prometerla. Debe ser visible en las cuentas públicas y sostenida en el tiempo. La estabilidad de precios no se decreta; se construye con coherencia. Y la coherencia fiscal es la base de cualquier ancla inflacionaria duradera.
Finalmente, el gobierno debe enfocarse en reformas estructurales para atraer inversión. Sin inversión no hay aumento de productividad. Sin productividad no hay salarios reales. Y sin salarios reales, cualquier control de precios es una ficción cruel. Seguridad jurídica, reglas claras, respeto a la propiedad y previsibilidad macroeconómica no son consignas ideológicas: son condiciones para que el sistema de precios funcione a favor de la gente.
El precio no es inmoral, no es neoliberal, no es enemigo del pobre. Es el único mecanismo que dice la verdad sobre la escasez y las prioridades de una sociedad. Si el gobierno de Rodrigo Paz lo entiende y lo respeta, Bolivia puede recuperar estabilidad. Si vuelve a silenciarlo, la historia —como siempre— se repetirá. Y el precio, otra vez, pasará la factura.
