Venezuela es hoy el ejemplo incómodo que muchos prefieren no mirar de frente. Durante años se intentó todo: elecciones, diálogo, mediación internacional, sanciones diplomáticas, llamados al derecho, negociaciones interminables. Nada funcionó. Nicolás Maduro jamás tuvo intención de abandonar el poder. Solo cuando se agotaron todas las vías y se dejó de simular que el régimen podía reformarse, se pasó a otra fase, el de la acción directa.. Y entonces, recién entonces, comienzan a verse resultados.
Bolivia vive su propia versión de ese agotamiento. Aquí también se ha probado de todo. Dictaduras, democracias, socialismo, indigenismo, “proceso de cambio”, pactos sociales, concertación permanente. Veinte años de ensayo y error con un mismo actor siempre presente, siempre intacto: el sindicalismo corporativo que bloquea, extorsiona y paraliza al país cuando algo no le conviene.
Con los sindicatos se dialogó, se los incorporó al poder, se los financió, se los protegió. Gobernaron junto al MAS, cogobernaron ministerios, empresas públicas y calles. Y lejos de contribuir al desarrollo, se convirtieron en un mecanismo de chantaje permanente. Como el chavismo, nunca tuvieron intención de construir un país viable; solo de conservar poder, privilegios y control territorial.
Los bloqueos no son protesta social: son un arma. Asfixian la economía, destruyen producción, arruinan exportaciones, matan animales, pudren cosechas y dejan a miles sin trabajo ni ingresos. Son una forma de violencia estructural contra la ciudadanía que trabaja, produce y paga impuestos. ¿Qué país puede avanzar si cada conflicto se resuelve cerrando caminos?
Ningún país del mundo tolera que grupos sectoriales se arroguen el derecho de cortar rutas de forma sistemática sin consecuencias. En democracias consolidadas, el derecho a protestar convive con límites claros cuando se vulneran derechos de terceros. Bolivia es una anomalía insólita porque normalizó el bloqueo como método político, convirtiéndolo en un instrumento de poder paralelo al Estado. Esa tolerancia no fortaleció la democracia; la debilitó, erosionando la autoridad institucional y premiando a quienes viven de la presión y no del trabajo productivo.
La pregunta ya no es qué más se puede dialogar, sino qué más hay que perder antes de actuar. La ciudadanía ha sido paciente, demasiado paciente. Y el Estado también. Pero el Estado que renuncia a ejercer autoridad legítima termina secuestrado por quienes viven del caos.
Hoy existe un respaldo social claro para avanzar. El proyecto de ley que tipifica los bloqueos como delito no es autoritarismo: es defensa del derecho básico a circular, trabajar y producir. Es la línea que separa la protesta legítima del crimen organizado.
La historia demuestra que hay momentos en los que la concertación deja de ser virtud y se convierte en complicidad. Venezuela llegó tarde a esa conclusión. Bolivia aún está a tiempo. Pero el reloj corre. La pregunta sigue siendo la misma, y ya no admite rodeos: ¿para cuándo la acción?
La pregunta ya no es qué más se puede dialogar, sino qué más hay que perder antes de actuar. La ciudadanía ha sido paciente, demasiado paciente. Y el Estado también. Pero el Estado que renuncia a ejercer autoridad legítima termina secuestrado por quienes viven del caos.
