El Gobierno de Venezuela anunció la liberación de 116 presos políticos, en medio de un clima de tensión con Estados Unidos tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.
Organizaciones no gubernamentales han confirmado, hasta ahora, la excarcelación de 24 personas esta madrugada, entre ellos dos ciudadanos italianos y el venezolano Alejandro González de Canales, exmarido de la reconocida abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
Todos ellos salieron de los centros penitenciarios El Rodeo I y Las Crisálidas, ubicados en Caracas, según informó el Ministerio Popular para el Servicio Penitenciario, que señaló que “estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.
Rocío San Miguel, quien permaneció dos años en El Helicoide acusada de conspiración contra Maduro, fue liberada el pasado 10 de enero junto a cuatro ciudadanos españoles. Su expareja, Alejandro González, detenido el 9 de febrero de 2024 mientras trabajaba para Chevron, enfrentaba cargos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir.
Los italianos excarcelados, Alberto Trentini y Mario Burlò, partieron rumbo a Italia en un avión del Estado italiano. “Nos han tratado bien, no nos han torturado”, declararon al llegar a la embajada italiana, donde se enteraron de la captura de Maduro, según medios locales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó las liberaciones como un gesto de colaboración con la “unión nacional” y un intento de contribuir a la paz, tras la extracción de Maduro durante la incursión estadounidense.
Las excarcelaciones se han producido de manera paulatina desde el jueves pasado. Según el Foro Penal, hasta la madrugada del lunes suman 41 liberados de un total que supera los 800 detenidos por motivos políticos, mientras otras organizaciones estiman que el número de presos asciende a más de mil.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que la medida de gracia alcanza a 116 detenidos cuyas causas fueron revisadas. Sin embargo, las ONG advierten que muchas liberaciones no se han concretado y que quienes ya han salido enfrentan restricciones, como la prohibición de hablar públicamente sobre sus casos.
Familiares de los presos han realizado manifestaciones frente a varias cárceles del país, exigiendo la liberación completa de todos los detenidos políticos. La preocupación crece ante casos como el de Edison Torres, quien murió por “descompensación súbita de salud” en la Zona 7 de Boleíta, según el Ministerio Público.
En Navidad y Año Nuevo, el gobierno había anunciado medidas similares para 187 detenidos, aunque la opacidad y la inconsistencia en los números han marcado históricamente estas excarcelaciones en momentos de tensión política.
Mientras tanto, las detenciones arbitrarias continúan, lo que mantiene un clima de incertidumbre y temor entre las familias y organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca la situación.
La liberación de los presos políticos se produce en un momento crítico para Venezuela, cuando la relación con Estados Unidos alcanza niveles de confrontación inéditos, y la comunidad internacional observa con atención los movimientos del gobierno y el cumplimiento de los derechos humanos dentro del país.
