Si algo ha quedado en evidencia tras el reciente estallido social en Bolivia, no es precisamente una ruta clara hacia la estabilidad, sino una fractura simbólica que marca un antes y un después en el discurso público. Por primera vez en décadas, el velo del romanticismo ideológico se ha rasgado. El propio mandatario, junto a una clase política y ciertos círculos intelectuales que históricamente observaron al sindicalismo con una condescendencia casi sagrada, finalmente han cruzado el límite verbal: se han atrevido a llamarlos "mafias".
Este reconocimiento es la única victoria real que el ciudadano de a pie ha obtenido en medio del caos. Admitir que Bolivia está secuestrada por estructuras corporativas que operan bajo lógicas criminales es el primer paso para entender por qué, mientras estos grupos sigan dictando el destino nacional, el país seguirá condenado a la inviabilidad, la indigencia económica y la marginalidad internacional.
La reciente anulación del Decreto Supremo 5503, bajo la coacción de bloqueos y amenazas, no debe leerse como un error de cálculo técnico del Ejecutivo, sino como la confirmación de una rendición estatal. Lo económico —la insostenibilidad de las subvenciones— era una realidad física ineludible, pero la resolución del conflicto fue una capitulación política. El mensaje enviado a la sociedad es devastador: el ordenamiento jurídico y la voluntad del ciudadano no valen nada frente al poder de veto de las mafias.
Lo que presenciamos no fue una legítima defensa de los derechos de los trabajadores, sino una exhibición de fuerza de una izquierda agotada que, ante la falta de ideas y respaldo genuino, recurre al sabotaje para medir su vigencia. No se bloqueó para debatir una política pública sino para recordarle al Gobierno quién tiene la última palabra. Es ingenuo pensar que un país donde la política de Estado se decide en las carreteras, bajo el estruendo de la dinamita, puede ser receptor de inversiones o generador de prosperidad.
El problema de Bolivia no es la escasez de recursos, sino la abundancia de parásitos. Durante el ciclo de bonanza más extraordinario de nuestra historia, la respuesta de quienes detentaban el poder fue el saqueo sistemático y el despilfarro obsceno. No fue negligencia, fue un plan de desmantelamiento institucional. Pervirtieron la justicia hasta convertirla en un garrote político, vaciaron de contenido la democracia representativa y transformaron el aparato estatal en un botín para dirigencias eternizadas que jamás han producido un solo centavo de valor real.
Bajo el paraguas de la "justicia social", permitieron que el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando se filtraran en los cimientos del país. Hoy, esos mismos actores pretenden erigirse como salvadores del pueblo al que ellos mismos han empobrecido. Por eso, la verdadera batalla que debemos librar es cultural. Es hora de enterrar los eufemismos y la corrección política que nos obligaba a tratar de "líderes sociales" a quienes actúan como capataces de una estructura de extorsión.
La viabilidad de Bolivia depende de nuestra capacidad para desmontar el modelo estatista y prebendal que alimenta a las mafias sindicales. No se puede gobernar negociando perpetuamente con el chantaje. Llamar a las cosas por su nombre es el comienzo de la libertad. Que la palabra "mafia" deje de ser un insulto para convertirse en el diagnóstico definitivo de nuestra liberación.
