Bolivia atraviesa uno de esos momentos en los que la democracia deja de parecer un sistema de convivencia y comienza a asemejarse peligrosamente a un experimento social mal ejecutado. Un país donde una minoría ruidosa, organizada en sindicatos que hace tiempo dejaron de representar al trabajador y pasaron a representar el privilegio, decide cuándo el ciudadano puede circular, trabajar, producir o simplemente llegar vivo a su destino.
Y todo esto ocurre bajo la atenta, pasiva y casi contemplativa mirada de un gobierno que parece debatirse entre la teoría democrática aprendida en los libros y la cruda realidad de un país que nunca fue indulgente con la indecisión.
¿Gobernar con técnicos o con políticos? El falso dilema…
Muchos se preguntan —con justa razón— si la política en Bolivia requiere profesionales en cada área o políticos alrededor del presidente. La respuesta es incómoda para ambos bandos: requiere capacidad, algo que no siempre viene con el título universitario ni con el carnet partidario.
Un buen gobierno necesita técnicos que sepan qué hacer, políticos que sepan cómo hacerlo y un presidente que tenga claro cuándo imponer autoridad. Lo que no necesita es un gabinete paralizado por el miedo a quedar mal en redes sociales, ni un entorno presidencial que confunda diálogo con claudicación.
Porque dialogar no es aceptar el chantaje, ni negociar es permitir que se pisoteen derechos fundamentales.
Así tenemos que soportar a los sindicatos del “pueblo”, parásitos del Estado. Los mismos sindicatos que hoy bloquean carreteras, calles y ciudades completas son los que durante veinte años se sirvieron del poder como de un buffet libre: bonos, ítems, privilegios, viajes, contratos, impunidad. Se malacostumbraron a vivir de un Estado generoso porque no era suyo; era botín.
Hoy, cuando el país está quebrado, endeudado y exhausto, pretenden recuperar esos beneficios mediante protestas insulsas, afectando a millones de bolivianos que nada tienen que ver con sus nostalgias de poder.
El mensaje es claro: “Si nosotros no vivimos como antes, que nadie viva mejor”. Eso no es lucha social. Eso es extorsión.
Para colmo de los males, tenemos un vicepresidente con ambiciones y un Estado rehén. ¿Es normal que un vicepresidente con pasado policial, acusaciones graves y una ambición desmedida actúe como opositor interno, bombero pirómano y actor principal del caos político? La respuesta es contundente: ¡NO! ¡Es peligroso!
Cuando el segundo hombre del Estado parece más interesado en heredar el poder que en sostener la institucionalidad, el mensaje que se transmite es devastador: el Estado está dividido y cualquiera puede empujarlo un poco más al abismo. Y los sindicatos lo saben. Y los bloqueadores lo saben. Y los financiadores del caos también.
Ahora bien, lo inaudito es que se nota al presidente, de una manera sospechosa, en una gran omisión: el uso legítimo de la ley. La pregunta más incómoda es también la más evidente: ¿por qué un presidente electo democráticamente, con años de experiencia política, no aplica las leyes que ya existen para garantizar el orden?
Si nos damos el tiempo de leer la historia y un poco de normas, podemos afirmar que el Estado boliviano sí tiene herramientas:
• La Constitución garantiza la libre circulación.
• Existen normas contra el bloqueo de vías estratégicas.
• La Policía y las Fuerzas Armadas tienen mandato constitucional para resguardar el orden.
• El Ministerio Público puede actuar de oficio.
• El Ejecutivo puede declarar zonas estratégicas protegidas.
• Se pueden desbloquear rutas productivas sin criminalizar la protesta pacífica.
Nada de esto es dictadura. Nada de esto es autoritarismo. Todo esto es gobernar.
La omisión, en cambio, sí tiene consecuencias. Y son graves. Vemos al oriente productivo rehén del caos. Cada día de bloqueo es:
• Menos exportaciones.
• Más costos logísticos.
• Menos inversión.
• Más desempleo.
• Menos recaudación.
• Más pobreza.
El oriente boliviano no vive de discursos; vive de producción. Y cuando se corta la circulación, se corta la generación de riqueza, no solo para los grandes empresarios, sino para el transportista, el productor, el comerciante, el obrero y el pequeño emprendedor.
Permitir que el caos se normalice es empujar al país a un estado de descontrol social, donde manda el que grita más fuerte y no el que tiene la razón. Las responsabilidades claras y las soluciones posibles existen. Los culpables no son invisibles:
• Sindicatos que dejaron de representar al trabajador.
• Dirigentes que viven del conflicto.
• Políticos que especulan con el caos.
• Un vicepresidente que juega a la desestabilización.
• Y un Ejecutivo que duda cuando debe decidir.
Las soluciones tampoco son un misterio; es solo cuestión de querer gobernar bien:
• Aplicar la ley sin complejos.
• Garantizar la libre circulación.
• Proteger las rutas productivas.
• Diferenciar protesta legítima de extorsión.
• Recuperar la autoridad del Estado.
• Comunicar con claridad y firmeza.
Entendamos que la democracia, en todo el mundo, no es suicida. La democracia no consiste en permitir que una minoría destruya al país mientras la mayoría mira impotente. La democracia se defiende, se ejerce y se protege.
Si el gobierno no entiende que gobernar también implica incomodar, poner límites y asumir costos políticos, entonces no solo estará fallando él: estará abriendo la puerta a escenarios mucho más peligrosos.
Bolivia no necesita más bloqueos. No necesita más oportunistas. No necesita más miedo.
Necesita orden, decisión y respeto al ciudadano que quiere trabajar, producir y vivir en paz.
Porque cuando el Estado abdica de su responsabilidad, el caos no pregunta a quién votaste. Simplemente arrasa.
