La intervención de fuerzas militares de Estados Unidos, que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron posteriormente a la ciudad de Nueva York, ha sido motivo para mostrar, una vez más, que los gobiernos de los países del mundo no coinciden en sus apreciaciones; por el contrario, ratifican que sostienen posturas ideológicas extremas.
Los gobernantes que militan y defienden ideas de izquierda —y sus organizaciones afines— han calificado el hecho como repudiable. Manifestaron su rechazo a lo que consideran una agresión que vulnera la soberanía de Venezuela y la libre determinación de los pueblos, y lo catalogaron como un atentado contra el derecho internacional. El responsable directo, Donald Trump, ordenó los bombardeos que ocasionaron decenas de muertos. Las declaraciones indignadas no hicieron mención, obviamente, a los prisioneros “conspiradores”, ni a las torturas y persecuciones comprobadas y condenadas por organismos internacionales. El vasallaje de la población no cuenta: es un asunto interno en el que nadie puede interferir; se respeta la autodeterminación. Lo importante, en este trance, es la soberanía del pueblo.
Otros gobernantes, que conforman la gran corporación liberal, manifestaron su apoyo, argumentando que la extracción de Maduro ponía fin a la dictadura del socialista tirano que sojuzgaba al pueblo. Incluso Human Rights Watch, esquivando el fondo del asunto, emitió un comunicado desfigurado en el que señaló: “Se pide una transición pacífica en Venezuela; seguiremos monitoreando las acciones de EE. UU.”.
Los representantes de naciones con ideología proestadounidense estaban satisfechos porque Nicolás Maduro ya no sería presidente. Lo importante y valioso fue la “operación extracción”: el dictador ya no estaba. Incluso más, algunos esperan que en sus países se replique una acción similar.
Como era de suponer, abundaron los comentarios desde el punto de vista legal. El criterio fue casi unánime —incluidos abogados norteamericanos—: no existe, en el derecho internacional vigente, un fundamento jurídico sólido que legitime la captura extraterritorial de un jefe de Estado por decisión de otro Estado.
Resultó sugestivo que, entre los fundamentos de ambas posiciones, ninguna se refiriera al narcotráfico, y menos aún al narcoterrorismo, la causa principal por la que ahora Maduro está siendo enjuiciado. Una vez más se comprobó que, frente a un mismo hecho, el discurso es distinto; cercano al contrasentido, incluso ambivalente, pues cada posición tiene un propósito: propagar su propia verdad.
Seguramente por eso la democracia está exhausta de ser utilizada según intereses particulares. Se llama libertad a cualquier cosa: los de izquierda piden a los pueblos que luchen para conquistar el poder y ser libres; mientras que los de derecha gritan que deben defenderla de la izquierda, porque se la van a arrebatar.
Este reciente hecho plantea un análisis estructural. Frente a gobiernos represivos, de cualquier régimen, no existe un organismo con autoridad suficiente para abolir los excesos ni capacidad real para evitarlos. También se argumenta que revisar estas situaciones supondría abrir una peligrosa excepción que amenaza la estabilidad del orden jurídico internacional. ¿En qué quedamos? Dime cómo piensas y te diré de qué lado estás.
