Está bien que el BID anuncie créditos, plataformas y programas para Bolivia. Está bien que exista financiamiento externo, asistencia técnica y acompañamiento institucional. Sería absurdo negar que esos recursos ayudan, alivian coyunturas y permiten ejecutar proyectos en el corto plazo. Pero confundir ese apoyo con la “reconstrucción de la patria” o con una solución definitiva y sostenible al problema del desarrollo es, como mínimo, una exageración peligrosa.
La historia económica es contundente: ningún país salió de la pobreza por la acción decisiva de los organismos internacionales. África es el ejemplo más crudo. En los últimos 50 años ha recibido billones de dólares en ayuda, créditos concesionales, cooperación técnica y programas de desarrollo de todo tipo. Si el dinero fuera la clave, hoy varios países africanos competirían con Suiza o Singapur. Por el contrario, muchos quedaron atrapados en economías rentistas, Estados sobredimensionados y élites políticas expertas en administrar cooperación, no en generar riqueza.
Europa tampoco se reconstruyó por el Plan Marshall, aunque la narrativa oficial insista en ello. El verdadero punto de quiebre fue una decisión política simple y radical: liberar precios, y dejar de intervenir artificialmente la economía. En Alemania bastó un decreto de no más de cinco líneas que prohibía el control de precios para que la producción, la inversión y el empleo despegaran. No fue una lluvia de dólares, fue un cambio de reglas.
Argentina es otro caso elocuente. Décadas de programas con el FMI, refinanciaciones, rescates y líneas de crédito no evitaron crisis recurrentes, inflación crónica y empobrecimiento social. El problema nunca fue la falta de financiamiento externo, sino un modelo económico hostil a la inversión, adicto al déficit, al control de precios y al castigo sistemático al sector productivo.
La algarabía oficial por los 4.500 millones de dólares anunciados por el BID revela una visión todavía anclada en el desarrollo como sinónimo de crédito. Se habla de confianza, de reconstrucción, de respaldo del mundo, como si el flujo de recursos externos fuera, por sí mismo, un motor de crecimiento.
El propio discurso del BID lo admite. Ilan Goldfajn repite conceptos clave: seguridad jurídica, seguridad de inversión, reglas claras, simplificación de trámites. Es decir, condiciones internas. Sin ellas, ningún programa, plataforma o crédito genera desarrollo sostenido. El dinero se ejecuta, se gasta, se burocratiza y se diluye.
Hoy los verdaderos motores del desarrollo son otros. Reducir impuestos para ampliar la base productiva. Liberar importaciones para bajar costos y aumentar competitividad. Establecer regímenes especiales para sectores estratégicos como la agroindustria, la minería moderna, la energía y la educación. Garantizar propiedad privada, contratos estables y un Estado que arbitre, no que asfixie. Eso es lo que hacen los países que crecen.
Las grandes transformaciones productivas de las últimas décadas no vinieron de la ONU, el BID o el Banco Mundial, sino de empresas que invirtieron, innovaron, asumieron riesgos y compitieron globalmente. Silicon Valley no nació de un crédito multilateral. La revolución agroindustrial peruana no fue un plan estatal clásico, sino un marco legal que permitió invertir, exportar y escalar.
El crédito del BID sirve, ayuda y puede ser útil. Pero no es la respuesta. La respuesta está en las decisiones internas que Bolivia esté dispuesta a tomar: menos retórica, menos épica del endeudamiento, menos fe en la cooperación internacional y más reformas reales que liberen el potencial productivo del país.
