El presidente Rodrigo Paz ha resultado milagroso por cuanto el abrogado decreto 5503 lo ha multiplicado. Los decretos 5516, 5517, 5518 configuran una normativa mucho más amplia, mejorada y perfeccionada. El decreto 5516 ratifica el levantamiento de la subvención a la gasolina y diésel en todas sus variedades, consolida el esquema de compensaciones con el incremento de la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto. Como novedad, crea el Bono Pepe, y ratifica el diferimiento de créditos relacionados con la adquisición de viviendas de carácter social y mantiene el arancel cero para repuestos e insumos utilizados por los transportistas.
El otro milagro fue la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el paquete de $us 4.500 millones de dólares. En momentos tan auspicioso, Rodrigo Paz promulgó el decreto 5517, que reproduce la Emergencia Energética y Social en todo el territorio nacional, ante el proceso inflacionario que vive el país y la escasez de dólares y combustibles. Y autoriza a personas naturales o jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados de petróleo a Precio de Importación y/o Pre-Terminal. En otras circunstancias históricas muy parecidas, Víctor Paz Estenssoro, dictó el decreto 21060 de 29 de agosto de 1985. La Nueva Política Económica, bautizada como “neoliberal”, fue promovida por el Banco Mundial y el FMI. Estas medidas frenaron en seco la hiperinflación y comenzó a revertirse la debacle económica (y algunas de esas medidas todavía se mantienen vigentes).
Sin embargo, el decreto 5516 ha eliminado el capítulo referido a la promoción y protección de inversiones. La Constitución boliviana establece que la inversión extranjera no podrá invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, tratándose de la cadena productiva hidrocarburífera, y que la cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse (art. 366). En general, se mantienen las medidas excepcionales destinadas a estabilizar la macroeconomía, recuperar la liquidez interna y fortalecer las reservas internacionales.
El presidente del Estado ostenta la potestad constitucional de dictar decretos, resoluciones, reglamentar las leyes, y la iniciativa legislativa. Sin embargo, más de un jefe de Estado ha intentado gobernar mediante decretos supremos. Aunque esta potestad de “gobernar legislando” debería ser excepcional, en Bolivia y Latinoamericana abundan los decretos, al extremo que un autor dice que “gobernar por decreto” es epidémico en América Latina.
Evo Morales Ayma, no obstante que tenía una mayoría absoluta y una oposición política simbólica, usó y abusó del decretismo. Ha emitido tal cantidad de decretos supremos no sólo en muchos casos usurpando atribuciones de la Asamblea Legislativa, sino también para disponer de recursos económicos y realizar una serie de obras —pequeñas, medianas y grandes— mediante la modalidad de licitación directa (saltándose todos los controles legales), que raya en lo delictivo.
En un Informe de Fiscalización a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), “Programa Bolivia Cambia”, 2011-2015, febrero 2017, el ex senador Oscar Ortíz denunciaba “el uso prebendal de los dineros del Estado para mantener la popularidad del Presidente en altos niveles, sin ningún criterio de prioridades para el desarrollo socio-económico…” El uso discrecional de estos recursos aumentaba o disminuía dependiendo del lugar y la necesidad de aumentar la popularidad y la votación del caudillo Evo Morales.
El ex mandatario y eterno candidato, autorizaba a la UPRE modificaciones en sus presupuestos institucionales, vulnerando las normas públicas (artículo 4 de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria) que rigen al conjunto del sector público. El Presupuesto General de la Nación es aprobado por una Ley nacional, por lo que las distintas instituciones del Estado no deben modificar sus presupuestos de forma discrecional, invadiendo las competencias del Órgano Legislativo, así como tampoco la Asamblea Legislativa nacional puede delegar sus facultades en el Ejecutivo como sucedía en los gobiernos del MAS.
Todo este manejo discrecional, y la falta de independencia de las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción (el gobierno hacía de juez y parte), abonaron el camino para que se haya institucionalizado la corrupción estatal. Toda la confianza que se ha observado y prometido con motivo de la presencia del presidente del BID, se puede materializar transparentando el Estado y eliminando las trancas que abundan y se multiplican como hongos.
El otro milagro de Rodrigo Paz fue el rescate de “terapia intensiva” de los dirigentes cobistas, y que no hubiesen reaccionado por lo menos hasta cuando escribimos este comentario.
*Jurista y autor de varios libros.
