La COB ha dejado de ser una central obrera para convertirse en un poder fáctico que se asume dueño del país. Decide cuándo Bolivia trabaja, cuándo se paraliza y hasta dónde puede gobernar un presidente. Sus amenazas de “retomar medidas de hecho” si prohiben el uso de la dinamita en las protestas y se penalizan los bloqueos de rutas, no son defensa de derechos, son advertencias mafiosas: si el Estado intenta poner orden, ellos bloquean, presionan y chantajean. Estos jerarcas no representan a las grandes mayorías; representan una lógica de extorsión heredada del masismo. Estos zares se asumen dueños de Bolivia y, mientras no se les ponga un freno, continuarán la tarea que dejó pendiente Evo Morales y el MAS: empujar al país hacia una narcodictadura donde impere la ilegalidad, la droga y la miseria. Hablan de Constitución, pero la violan cada vez que cierran carreteras, impiden el trabajo y condenan a miles a la escasez. Defienden la protesta armada pero jamás les incomodó el narcotráfico, la informalidad y la miseria que nos han legado.