Bolivia se desangra por los caminos. Lo que en otros países es un delito castigado con rigor, en nuestro territorio se ha normalizado como una "herramienta de lucha". Pero llamemos a las cosas por su nombre: el bloqueo no es una protesta, es un secuestro colectivo. Es el cáncer de una nación que, en lugar de avanzar hacia la productividad, se ve sometida cíclicamente al capricho de dirigencias sindicales y sectores que utilizan el asfalto como mesa de extorsión.
Las cifras no mienten y el hartazgo ciudadano tampoco. El reciente informe de la Defensoría del Pueblo es lapidario: somos el país más conflictivo de la región. El bloqueo es nuestra principal "exportación" de caos. Mientras el Gobierno habla de reactivación y turismo, la realidad en las carreteras cuenta una historia de dinamita, piedras y pérdidas de 120 millones de dólares en menos de una semana. ¿De qué sirve promocionar el destino Bolivia si el turista queda atrapado en una tranca ilegal, rehén de un conflicto que no le pertenece? El flujo de visitantes cae porque nadie quiere visitar una cárcel de asfalto.
Lo más indignante es que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se amontonan proyectos de ley: la propuesta de Carlos Alarcón, la ley de garantías de libre circulación, penas de hasta 30 años para quienes usen explosivos. Incluso se sugiere un referéndum para que el pueblo decida. Pero seamos claros: no faltan leyes, falta voluntad política. La Constitución ya protege el derecho al trabajo y a la libre locomoción. El Código Penal ya tipifica el atentado contra la seguridad de los transportes y el daño a bienes del Estado. El problema es que en Bolivia la ley es un papel decorativo cuando se enfrenta a un dirigente con poder de movilización.
La Central Obrera Boliviana (COB) y sus satélites se llenan la boca hablando del "último recurso". Mentira. El bloqueo es hoy el primer recurso del chantaje. Es el mecanismo de mafias que, al no poder imponerse por la razón o el voto, deciden asfixiar la economía de las familias bolivianas. El rechazo ciudadano ya no es silencioso; los vecinos de La Paz y El Alto han pasado de la resignación al abucheo frontal. El pueblo está cansado de ser el escudo humano de dirigencias que solo buscan impunidad o cuotas de poder.
Ponerle el "cascabel al gato" requiere coraje, no solo papeles. Se necesita un Gobierno que entienda que su primera obligación es hacer cumplir la Ley, no negociar con quien la viola. Si se permite que la dinamita siga mandando sobre la Constitución, el Estado de derecho es una ficción. La cultura del bloqueo se alimenta de la impunidad: si bloquear es gratis, todos bloquearán.
Bolivia no necesita más créditos ni más discursos de transformación si no puede garantizar que un camión de alimentos o una ambulancia lleguen a su destino. La decisión política no es un trámite legislativo, es un acto de autoridad.
O se rescata al país del secuestro de los bloqueadores, o nos condenamos a ser una nación estancada en una tranca eterna. La pregunta para quienes gobiernan es simple: ¿Están con los ciudadanos que trabajan o con los verdugos que bloquean? No hay término medio.
