Tras el fin del masismo en el poder, Gobierno nacional, instituciones departamentales y productores agropecuarios empiezan a dar señales claras y en sintonía contra los avasallamientos. En la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se realizó este jueves un encuentro interinstitucional contra los avasallamientos de tierras, con la participación del presidente del Estado, Rodrigo Paz, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y representantes de instituciones judiciales, policiales y de sectores productivos, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad urgente de poner fin a las tomas ilegales de tierras y garantizar la seguridad jurídica, tanto para los productores como para las comunidades indígenas y las áreas protegidas del departamento. En ese marco, se validó un plan de acción conjunto que será ejecutado de manera inmediata para frenar los avasallamientos que afectan a Santa Cruz.
El presidente Rodrigo Paz fue enfático al señalar que el Estado ya no será cómplice de las mafias que trafican tierras y operan al amparo de la corrupción. “Este es un año de ordenar la casa. La patria no puede seguir siendo de la corrupción, de los maleantes ni de quienes han causado tanto daño a la familia boliviana”, afirmó. Asimismo, sostuvo que todas las instituciones del Estado deben asumir su responsabilidad para garantizar que la ley se cumpla sin impunidad.
Paz calificó este proceso como un “acto fundacional” para recuperar un Estado que, según dijo, fue capturado durante años por redes de corrupción. Advirtió que el tráfico de tierras no solo afecta a la propiedad privada, sino que ha derivado en violencia física, ataques a la prensa y humillación a las instituciones llamadas a defender la legalidad.
“Hoy defender lo correcto parece no ser lo correcto, y eso es lo que tenemos que cambiar, para que todos los bolivianos y bolivianas se sientan seguros en su propio país”, remarcó.
Por su parte, el gobernador Luis Fernando Camacho confirmó que existe un plan concreto que será ejecutado en en corto plazo para desalojar los más de 300 predios avasallados en la región oriental.
“Se acabaron los anuncios, ahora llegó el momento de la acción”, manifestó, al tiempo de agradecer la presencia del presidente y de las autoridades del Gobierno nacional, señalando que su participación brinda respaldo institucional a las medidas que se adoptarán.
Camacho denunció que los avasallamientos son el resultado de una estrategia política y de carácter inmobiliario que, según afirmó, golpea a Santa Cruz desde hace más de 20 años. Añadió que estas acciones no solo afectan a los productores, sino también a comunidades indígenas y áreas protegidas, mencionando hechos recientes ocurridos en el municipio de San José.
“Se acabó el ciclo de los avasallamientos, de la impunidad y de la violencia. Se acabó el tiempo de quienes creyeron que podían golpear periodistas y secuestrar policías”, aseguró el gobernador, enfatizando que el objetivo del plan es garantizar el respeto a la propiedad privada, proteger el medioambiente y permitir que los productores trabajen sin miedo, asegurando el abastecimiento de alimentos para el país.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, respaldó por su parte las acciones anunciadas y afirmó que llegó el momento de terminar con los avasallamientos y brindar seguridad jurídica a quienes apuestan por el desarrollo productivo del país.
Asimismo, advirtió que no se debe permitir que grupos que buscan lucrar con la tierra sigan dañando al sector productivo y a la economía nacional.
El encuentro concluyó con un llamado a la coordinación permanente entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales, las instituciones del Estado, los sectores productivos y la sociedad civil, con el objetivo de enfrentar de manera firme y efectiva las tomas ilegales de tierras y devolver la confianza con la seguridad jurídica y el Estado de derecho.
