Semana de inscripciones en los colegios fiscales y, como cada año, estalla el escándalo: denuncias por “cobros excesivos”, protestas de padres, amenazas, procesos penales. El Gobierno reacciona con rapidez, no para resolver el problema de fondo, sino para criminalizar a directores y docentes. El discurso oficial es conocido: la educación es gratuita, es un derecho, y nadie puede cobrar un solo peso. Pero cuando uno mira la realidad, la indignación pierde sustento y aparece algo más grave: una pobreza profunda, no de dinero, sino de mentalidad.
¿De cuánto hablamos cuando se denuncia “cobro excesivo”? De 15 bolivianos. Quince. No una mensualidad, no una cuota encubierta, sino un aporte mínimo para cubrir lo que el Estado no cubre: profesores sin ítem, servicios básicos, focos, vidrios, mantenimiento elemental. Colegios que existen en el papel —inaugurados con cinta y discurso— pero sin docentes suficientes. Aulas sin maestros. Infraestructura en pésimas condiciones.
El Estado construye colegios, pero no garantiza ítems. El resultado es perverso: comunidades obligadas a autogestionarse para que sus hijos no pierdan clases. Y cuando lo hacen, cuando aportan 15 bolivianos para contratar a un profesor particular, el mismo Estado los acusa de “ilegalidad”.
Los padres protestan y señalan a directores y docentes como delincuentes. Y uno se pregunta: ¿realmente el problema son esos 15 bolivianos? ¿O el problema es que se ha instalado la idea de que la educación no vale nada?
En Bolivia repetimos como loros que la educación es un derecho, que es obligatoria y que ir al colegio trae beneficios económicos: bono Juancito Pinto, ahora bonos extraordinarios como el PEPE. Para muchos, la motivación para mandar a sus hijos a clases no es aprender, sino cobrar. No es una inversión, es una condición para recibir un subsidio.
El drama de fondo es que la educación no se percibe como una necesidad. Mucho menos como una inversión. La prueba es brutal: apenas alrededor del 40% de los estudiantes termina el colegio, y de ese grupo, solo una minoría accede a la universidad. En una sociedad basada en el conocimiento, esto sería impensable.
El discurso oficial refuerza esa mentalidad: “no pague nada, el Estado se encarga”. Pero lo que el Estado entrega es una educación de bajísima calidad. Escuelas sin recursos, maestros desbordados, contenidos obsoletos, ausencia de evaluación seria. Estamos entre los últimos lugares de América Latina en mediciones de calidad educativa. No es casualidad, sino consecuencia directa de una política que confunde gratuidad con abandono.
Ahí está la raíz del atraso boliviano, no en la falta de recursos naturales, ni en conspiraciones externas, sino en una idea incrustada en la cabeza de la gente: no invierta nada en educación, es gratis. Y con esa cantaleta nadie exige calidad.
Qué pobreza. No la del bolsillo, sino la de una sociedad que no entiende que sin invertir en educación —tiempo, esfuerzo, dinero— no hay futuro posible. Y que mientras se persiga a directores por cobrar 15 bolivianos, seguiremos pagando un precio infinitamente más alto: el del atraso permanente.
