La Central Obrera Boliviana (COB) convocó para este próximo miércoles 28 de enero a un ampliado nacional en Sucre (Chuquisaca), con el objetivo de analizar el proyecto de ley antibloqueos que actualmente se aborda en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“El compañero Mario Argollo ya me había confirmado para realizar este Ampliado Nacional de la COB con el propósito de analizar el proyecto de ley antibloqueos y otros temas más”, señaló el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Sucre, Marcelo Torres.
El encuentro reunirá a representantes de distintas organizaciones de Bolivia afiliadas a la COB, entre ellas confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y regionales. Según la convocatoria, la cita se llevará adelante en el auditorio de la Villa Bolivariana, a partir de las 08:00.
Por otra parte, en relación con el tema central que se tratará en este ampliado, Torres manifestó que los bloqueos y movilizaciones son conquistas históricas del pueblo ante la falta de atención estatal, y advirtió que no permitirán que se criminalicen.
“Esta intención refleja la falta de capacidad de diálogo por parte de las autoridades”, manifestó, y planteó que el tema sea sometido a un referéndum para que la población tenga la última palabra.
La Asamblea Legislativa analiza tres proyectos de ley relacionados con los bloqueos, cuyo tratamiento fue postergado para la primera semana de febrero, con el objetivo de socializar la propuesta ante el rechazo de diferentes sectores de la población boliviana.
Uno de los proyectos de ley fue presentado por el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, y tiene el objetivo de tipificar este tipo de protestas como un delito grave y establece penas de entre 10 y 20 años de cárcel para los infractores.
“Esta Ley tiene por objeto establecer los delitos y las penas para los bloqueos en las vías públicas que impidan o estorben el libre tránsito de personas, bienes y vehículos, y el régimen de garantías para el uso de la fuerza pública policial y militar, que intervengan en los puntos de bloqueo para restablecer el orden”, señala el proyecto.
La norma está diseñada para aplicar sanciones a aquellos que, por cualquier medio, forma o motivación, bloqueen calles, avenidas, caminos, carreteras, rutas, autopistas o vías públicas, impidiendo o entorpeciendo el libre tránsito o la circulación de personas, bienes y/o vehículos.
