
La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitieron por separado comunicados institucionales, garantizando total transparencia de sus actuaciones dentro el caso de las 32 maletas que llegaron al aeropuerto de Viru Viru en un vuelo chárter proveniente de Estados Unidos el pasado 29 de noviembre de 2025, cuyo contenido presuntamente incluía marihuana y armas de grueso calibre.
NAABOL aclaró que la revisión y el control del equipaje o carga en los aeropuertos, en los procesos de arribo, corresponde a otras instituciones del Estado, por lo que NAABOL ratificó el cumplimiento estricto de las normas que regulan sus competencias.
El pronunciamiento precisa que las funciones de NAABOL se limitan a la seguridad de la aviación civil, la facilitación aeroportuaria y la seguridad operacional, en el marco de las normativas RAB 107 y RAB 997. En ese sentido, la institución señaló que su misión es prevenir actos de interferencia ilícita y garantizar la seguridad técnica de las operaciones aéreas.
Asimismo, explicó que, conforme a la RAB 107, NAABOL realiza inspecciones de pasajeros, equipajes y carga únicamente en los procesos de salida de vuelos, con el objetivo exclusivo de detectar armas o explosivos que puedan poner en riesgo la seguridad del vuelo. Por esta razón, la entidad no efectúa revisiones de contenido ni controles de seguridad en los procesos de llegada.
En cuanto a los arribos de vuelos, NAABOL indicó que su labor, en el marco de la RAB 997, se limita a brindar facilitación aeroportuaria, proveer la infraestructura necesaria y garantizar el flujo adecuado de usuarios.
La institución enfatizó que no cuenta con facultad legal ni competencia para realizar revisiones relacionadas con narcóticos o contrabando, ya que estas tareas de interdicción corresponden a otras instancias del Estado y son ajenas a sus atribuciones institucionales.
Por su lado, la DGAC confirmó que el incidente registrado el 29 de noviembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Viru Viru forma parte de una investigación en curso a cargo del Ministerio Público, dentro del proceso conocido como el “caso maletas”. La entidad precisó que el hecho fue puesto oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes, en el marco de los procedimientos establecidos.
Asimismo, la DGAC expresó su total apertura para brindar toda la información y cooperación que sean requeridas por los investigadores, subrayando que sus actuaciones se rigen por principios de legalidad y transparencia. La institución reiteró que aguardará los resultados oficiales del proceso para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.